Misterio Publico

EL MINISTERIO PUBLICO.

En Marcha el Proceso del Desmontaje Institucional.

En la gestión del Ministerio Público se identifica un proceso de desmontaje institucional a partir del nombramiento del tercer Fiscal General, el Abogado Ovidio Navarro, de filiación nacionalista y Abogado Defensor del Ex Presidente Rafael Leonardo Callejas, quien al momento de ser nombrado se desempeñaba como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia; así como del nombramiento posterior por parte de éste del Director de Fiscales, Jaime Banegas, quien al momento de ser nombrado se desempeñaba como hombre de confianza del entonces Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez.

En sus orígenes, en 1994, el Ministerio Público se desempeña con un alto nivel de confianza y credibilidad.

Tres hechos contribuyen a esa credibilidad institucional:

a) El proceso de selección de los Fiscales al margen de la influencia política;

b) La creación de la Dirección General de Investigación Criminal adscrita al Ministerio Público, así como el nombramiento de un civil como Director y el continuo proceso de depuración para prevenir la corrupción policial; y,

c) La persecución de actos de corrupción contra altos funcionarios públicos.

Los entrevistados identifican tres períodos en lo que lleva de funcionar el Ministerio Público.

Primer Período.

Desde la creación del Ministerio Público, en 1994, con un constante proceso de capacitación y fortalecimiento institucional y con voluntad política entre sus directivos para luchar contra la corrupción.

Segundo Período.

A partir de 1999, con el nombramiento del Fiscal Roy Edmundo Medina, hay una sustancial disminución del apoyo logístico y disminuye el apoyo técnico, pero continúan y sistematizan los procesos de capacitación especializada; asimismo, los Fiscales contaban con el apoyo de un grupo de asesores de la Institución, así como de un Departamento de Asesoría Técnica interna, para hacer los estudios de casos antes que se presentan ante los Tribunales de la República.

Tercer Período.

Se caracteriza por un proceso de desmontaje institucional, por la falta de voluntad política al interior de la institución para luchar contra la corrupción. Se identifican los siguientes momentos:

1. La decisión del Fiscal General, Ovidio Navarro, a través del Director de Fiscales, Jaime Banegas, de desistir de continuar los casos de corrupción, justificando esta decisión en la alta mora judicial, en el entendido que desistir de dichos casos contribuiría a aliviar la mora que mantiene la Corte Suprema de Justicia.

2. El despido de los Fiscales que se opusieron públicamente a esta decisión a través de un pronunciamiento público, o, su traslado forzoso a oficinas regionales del Ministerio Público.

3. El abandono de la causa penal hacia los acusados de casos de corrupción y el énfasis en recuperar los fondos, pero sin perseguir el delito.

El punto uno y dos fueron puestos en práctica durante la administración del Fiscal General Ovidio Navarro, estas decisiones crearon una crisis sin precedentes en el Ministerio Público motivadas por el repudio de dicha decisión por parte de los Fiscales organizados en la Asociación de Fiscales, logrando además movilizar un apoyo importante de la opinión pública y de diferentes organizaciones de la sociedad civil. El costo de esta decisión fue una caída estrepitosa de la confianza y la credibilidad en una instancia en principio creada para defender los intereses de la sociedad.

Los casos en los que el Ministerio Público decidió desistir estaban vinculados básicamente a los conocidos como “casos Callejas”, una acción que ejecutaron cuando la Fiscal Especial Contra la Corrupción se encontraba fuera del país. La decisión fue considerada innecesaria por el mismo ex mandatario debido a que en estos casos los Tribunales habían dictado sobreseimiento y sólo estaban a la espera de una resolución final de la Corte Suprema de Justicia. En cambio, la decisión del MinisterioPúblico dejó todavía más claro los vínculos de la política con la justicia. Cabe destacar que el Fiscal General Ovidio Navarro era el primer Fiscal de reconocida militancia en el Partido Nacional.

A los hechos vinculados a la decisión de desistimiento en los casos de corrupción, que se expresaron en cartas públicas, despidos, marchas, plantones y paralización temporal de actividades, se sumó a la crisis de credibilidad la suspensión de la Visa para ingresar a Estados Unidos del Fiscal Adjunto, Abogado Yuri Melara. Esta acción, sin precedentes para un funcionario de esta categoría, no produjo la reacción en el Congreso Nacional de destituirlo del cargo, y el Fiscal Adjunto continúo en sus funciones.

La crisis del Ministerio Público generó 203 notas de prensas, de éstas, al caso del Fiscal Adjunto corresponden 63. La cancelación de la visa de entrada a Estados Unidos fue tema de un debate público.

El Colegio de Abogados, del que Melara era Presidente cuando se desempeñaba como Fiscal Adjunto, se pronuncia en contra; El Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos, Sr. Roger Price, manifestó que la cancelación de la visa se debía a que Yuri Melara había dañado intereses de Estados Unidos y que la cancelación de la Visa era definitiva. El Presidente de la República y el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, partido que propuso a Melara para el cargo, piden su renuncia. Finalmente la Fiscalía abre expediente a Yuri Melara, sin que hasta la fecha haya dado a conocer resultado alguno.

El Fiscal Ovidio Navarro se extralimitó y perdió la perspectiva de su misión y de los acuerdos a los que llegan el Partido Nacional y el Partido Liberal al acordar su nombramiento. Navarro, en plena confabulación con el entonces Director de Fiscales, Banegas, hace de su gestión un período grotesco y de defensa abierta de aquellos casos en los que los políticos están involucrados, hasta llegar a provocar rechazo de los supuestamente beneficiados, como fue el caso del Ex Presidente Callejas, quien públicamente rechazó la acción por innecesaria, debido a que los casos que a él lo involucraban ya estaban en la última fase en la Corte Suprema de Justicia y sin ninguna posibilidad de revertir las sentencias iniciales. Pero además Navarro, de conformidad a lo expresado por los entrevistados, pierde la perspectiva de quienes lo tienen en el cargo y hace pública la intención de investigar la Secretaría de Comunicaciones Transporte y Vivienda SOPTRAVI, esta intención se orientaba a investigar al ex Ministro Tomas Lozano, de la administración Flores Facusse. Un hecho que aparentemente rompería la alianza de los dos Partidos que acuerdan el nombramiento del Fiscal General Ovidio Navarro. La crisis en el Ministerio Público finalmente culmina con la renuncia forzada del Fiscal General, OvidioNavarro, del Fiscal General Adjunto, Yuri Melara y del Director de Fiscales, Jaime Banegas.

Un nuevo Fiscal General es nombrado, el entonces Canciller Leonidas Rosa Bautista, miembro activo del Partido Nacional. Durante este periodo, el Ministerio Público se pronuncia a favor de “recuperar” los recursos que el Estado dedicó a resarcir a los ahorrantes e inversionistas que fueron perjudicados con la quiebra de tres bancos, financieras y puestos de bolsas.

Desde el año 1994 hasta el año 2006, han sido nombrados cuatro Fiscales Generales, los dos primeros concluyeron su período, el tercero renunció en circunstancias más parecidas a una renuncia forzada y el

cuarto, que cumplirá el período del tercero, aún está en funciones (septiembre 2006, fecha de presentación de este informe)

El Primer y Segundo Fiscal General, Edmundo Orellana Mercado y Roy Edmundo Medina, provenían de la Cátedra Universitaria y del ejercicio público de la profesión, desde el Derecho Administrativo el primero, en su condición de Magistrado, y desde su posición de Juez de Letras el segundo, ambos miembros del Partido Liberal pero con una militancia de bajo perfil.

A partir del nombramiento de Ovidio Navarro hay un cambio significativo, los Fiscales Generales nombrados provenían del ejercicio privado de la profesión en la defensa de ex funcionarios acusados de actos de corrupción, como Abogados de empresas del Ex presidente Carlos Flores y con militancias abiertas dentro del Partido Nacional.

El Fiscal General Ovidio Navarro fue parte del equipo que defendió al Ex presidente Callejas, “el vino con la voluntad de sacar los casos Callejas, y lo comprobamos con la decisión de desistimiento”, declaró un entrevistado. El fiscal Adjunto Yuri Melara era el Asesor Legal de las empresas madereras y su familia consanguínea tiene acciones en la industria de la madera. Ambos funcionarios salen de la institución en el año 2005. El nuevo Fiscal, Leonidas Rosa Bautista, tiene compromisos empresariales y políticos, es reconocido miembro del Partido Nacional y abogado de las empresas del Ex Presidente Carlos Flores, también Abogado Defensor de los accionistas del Banco Corporativo BanCorp. Estos vínculos han provocado la percepción que un entrevistado manifestó: “No ha hecho nada para llevar a los quiebrabancos ante la justicia”, por sus vínculos con dos Ex Presidentes, su traslado de la Cancillería al Ministerio Público se ha percibido como arreglos entre los Ex presidentes y los Partidos Políticos. Evidencia de lo último es que el Fiscal General se refiere al Ex presidente Callejas como Mi Maestro.

“Nunca en la Fiscalía habíamos recibido órdenes de no investigar un caso o no ejecutar una apelación, pero eso empezó a pasar con el Fiscal Navarro y continua con el Fiscal Leonidas Rosa Bautista”. ¿Qué casos solicitan que no se investiguen? Preguntamos a la entrevistada. Respuesta: Caso BANCOPR, Banco Capital, Bancrecer, la Administración de la Alcaldía de Oscar Kilgore y la de Miguel Pastor.

Contestaron. La forma de operar es solicitar el expediente, emitir una opinión en una hoja aparte, sin sello y sin firma, ningún asesor refrenda un dictamen, y devuelven los expedientes sin hoja de remisión, y con frecuencia afirma “que la última ratio en el Derecho Penal es el encauzamiento”.

La instrucción y el giro más reciente del Fiscal General es que ha prohibido abrir investigación que surja de una denuncia anónima aún cuando lleve la documentación de respaldo, o abrir investigación con las denuncias que aparecen en los medios de comunicación. Esta decisión contraviene abiertamente el Código Procesal Pen

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