Tala Ilegal de Bosques en Honduras

Titulo: crisis de la Tala Ilegal en Honduras

Autor: Agencia de Investigacion Ambiental

http://mysteryhonduras.wordpress.com/2008/11/29/pepe-lobo-en-actos-de-corrupcion-segun-informe-de-la-agencia-de-investigacion-ambiental-eia-por-aprobar-tala-ilegal/

El Ministerio Público: Una lucha en solitario.

El tráfico ilegal de madera en el Departamento de Olancho y el interés del Ministerio Público de

intervenir para detener este tráfico, aunque es un caso de administraciones pasadas, dejó en claro la colusión de las instituciones, la ingerencia de los políticos en el desempeño de la institución y la imposibilidad de que el Ministerio Público pueda intervenir para investigar y acusar a los responsables de la corrupción.

Comenzó con una orden del Presidente Ricardo Maduro, en mayo del año 2004, de realizar un operativo para detener y castigar el corte ilegal de madera. El Ministerio Público asumió la responsabilidad que era compartida con La Policía asignada al Departamento de Olancho y con la Oficina Regional de COHDEFOR. El Ministerio Público observa que sólo están siendo detenidos los pequeños explotadores del bosque, pero que en los operativos son intocables el Aserradero Tucán y el Aserradero Noriega.

En Olancho, pobladores y autoridades municipales informan al Ministerio Público que si desean que los operativos tengan éxito que no involucren a La Policía y a COHDEFOR porque ambas instituciones están involucradas y favorecen e informan a estos grandes aserraderos cuando los operativos van a ser realizados. El Gerente Regional de COHDEFOR había sido empleado de Noriega.

Los funcionarios del Ministerio Público optaron por no invitar a los Directores de la Policía y de COHDEFOR a las reuniones de planificación; sin embargo, se enteraban y asistían, con el agravante que cuando salían de las reuniones daban declaraciones a la prensa informando que se realizarían operativos para decomisar madera, lo que sin duda ponía en alerta a los grandes madereros.

El Ministerio Público interviene el Aserradero Tucán, y el responsable del operativo recibe llamada del Fiscal Adjunto Yuri Melara pidiendo explicaciones por la acción. El Ministerio Público decomisa 66.000 pies de madera al Aserradero Noriega, del cual no tenía ningún permiso de explotación.

El Ministerio Público interviene COHDEFOR y ordena a la Fiscal Coordinadora de la Fiscalía de Juticalpa “… presentarse a la Gerencia de COHDEFOR de Juticalpa para requerir la entrega de documentos, especialmente de las ventas locales del Aserradero Noriega que suman hasta mil metros cúbicos. Si los documentos no son entregados se dispondrá su secuestro y se debe seguir juicio por el delito de desobediencia al responsable de no entregarlos o de negarse a la entrega”.

Ante el decomiso de los 66 mil pies de madera y la orden de secuestrar los documentos de COHDEFOR donde había información de los grandes aserraderos, hubo un llamado al Fiscal General desde altos funcionarios del Poder Ejecutivo, para reclamar ¿porqué me están persiguiendo a mi gente? Y se ordena que la madera sea devuelta a Noriega. El Fiscal General no asume la responsabilidad de devolver la madera a Noriega, y traslada el problema a la Procuraduría del Ambiente, bajo la dirección de Emily Hawit. La Procuraduría del Ambiente devuelve la Madera a Noriega.

Ante la acción del Ministerio Público de decomisar la madera, al día siguiente, a las 8: 00 AM, se le notificó el despido al Director de Fiscales, Palacios Moya, al mismo tiempo su nombramiento como asesor, cargo que no aceptó.

El Ejecutivo esperaba que la acción del Ministerio Público se orientara sólo a las motosierras. Durante esta administración se comienza a gestar el Movimiento Ambientalista de Olancho MAO, es muy probable que la decisión presidencial de apoyar los operativos se inscriban en la necesidad de demostrar que estaban actuando para proteger el bosque.

Del hecho descrito se definen los siguientes elementos que son un obstáculo para enfrentar la

corrupción:

• La colusión de las instituciones del Estado: COHDEFOR y la Policía con las empresas que explotan el bosque. Algunos funcionarios han sido empleados de los aserraderos.

• El aparente conflicto de interés de los directivos del Ministerio Público, en este caso del Fiscal Adjunto, quien al mismo tiempo de defender los intereses del Estado es Abogado defensor de las empresas madereras.

• La ingerencia de los políticos, en este caso de funcionarios del Poder Ejecutivo hacia el Fiscal General, en el desempeño de la institución.

• Además, se mencionó en la entrevista la ausencia de una Policía Técnica que apoyara la investigación del caso.