No soy ni tan joven ni tan viejo para poder entender una serie de elementos y sucesos que han marcado mi vida, la vida de muchos, y la historia de este país en el que vivimos, tampoco me considero estupido como para no conocer la diferencia entre la ignorancia mediática y la realidad pragmática que hemos vivido, y que de alguna manera estamos aprendiendo a tolerar, sin darnos cuenta que seguimos viviendo entre los muertos.

La muerte es, en esencia, la extinción del proceso homeostático y por ende el fin de la vida, y por consiguiente podemos entender que todo aquel ser que no puede mantener un proceso homeostático (Del griego homos que es (ὅμος) que significa “similar”, y estasis (στάσις) “posición”, “estabilidad”) entonces no tiene vida y es un ser muerto. Hay varias clasificaciones de la muerte y casi todas describen en su totalidad las características mas claras de la sociedad hondureña, su comportamiento, su evolución, y lastimosamente su gran final.

COMA: Situación que no es mas que la perdida total de la conciencia y una expresión de un fuerte trastorno de las funciones cerebrales y por tanto con peligro de muerte. Cada día son mas los hondureños que han perdido la conciencia y poco a poco demuestran que su proceso evolutivo es inverso, y que las condiciones humanas de vida y correlación se limitan a su propia supervivencia. La conciencia no es un requisito militar, razón por la cual su carencia en el trato humano hacia sus relativos, tampoco es una característica de varios políticos que por carecer de conciencia natal han decidido comprarla invirtiendo los impuestos de otros hondureños con conciencia bajo la convicción que su inversión los puede resucitar del coma.

MUERTE CEREBRAL: También llamada, “muerte encefálica” se define como el cese completo e irreversible de la actividad cerebral o encefálica. Si me guío por la descripción anterior me parece que debo aclarar que cualquier similitud total o parcial con varios diputados al congreso nacional de Honduras es pura coincidencia, pero definitivamente son el mejor ejemplo de muerte cerebral que existe actualmente en nuestro país. Debo destacar la participación de aquella que falsificando la firma de un presidente creyó haber alcanzado la gloria y el reconocimiento por su avanzada capacidad mental, recuerdo otro diputado que al no tener ningún atributo físico, mental, espiritual, dogmático, político o material tuvo que recurrir a sus “chocoyos” para pedir el voto, y no por mencionarlo por ultimo se queda sin su premio aquel diputado que siempre quiso ser presidente, a tal grado que se robo el poder, lo abuso, y se perpetuo en el mismo al nombrársele “diputado vitalicio”, sin tener en cuenta que toda su vida ha vivido del abuso del poder con el mas alto grado de inactividad cerebral.

MUERTE CARDIACA: La muerte súbita cardiaca es una forma de muerte natural debida a causas cardíacas, inesperada en el tiempo y en su forma de presentación, que viene precedida por la pérdida brusca de conciencia dentro de, como máximo, la hora que sigue al inicio de los síntomas, en un individuo con una cardiopatía de base conocida o desconocida. Hay dentro de nuestra sociedad muchos a los que ya no les funciona el Corazón, son aquellos a los que la pobreza y miseria del prójimo no les causa el menor efecto, todos aquellos que se dedican al arte de coleccionar lo que no pueden usar mientras su vecino se dedica al arte de subsistir y mendigar lo que no puede por sus propios medios adquirir. Hay varios “lideres religiosos” que predican el amor con las cuerdas vocales pero practican el odio con sus acuerdos irracionales, lideres que por las mañanas predican sobre el amor al prójimo, y por las noches lo practican con aquellas de la calle o con aquellos de la escuela.

Por la falta de Corazón es que el hombre ha dejado de ser el único animal racional del reino animal para convertirse en simplemente un animal, tales como aquellos funcionarios públicos que con los impuestos del pueblo destinados para la erradicación de la pobreza se vistieron de turistas, y a cual peor ladrón se dedicaron a malgastar hasta el ultimo centavo mal habido en el otro continente, con la excusa de ser el jugador numero 12 de aquella selección mal llamada “el equipo de algunos”.

NECROSIS: del griego: νεκρóς. Pronunciación: /nekrós/. Significado: ‘cadáver‘ es la muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier tejido del organismo, provocada por un agente nocivo que causa una lesión tan grave que no se puede reparar o curar. Una vez que se ha producido y desarrollado, la necrosis es irreversible. Es una de las dos expresiones morfológicas reconocidas de muerte celular dentro de un tejido vivo.

No hace mucho tiempo atrás Honduras solía ser un país en el que las diferencias sociales eran poco perceptibles desde el punto de vista de la variedad de oportunidades, el narcotráfico solamente era una noticia internacional y nunca pensamos que eventualmente se convertiría en la “Necrosis del Estado de Honduras”. Lastimosamente esta es una lesión de la cual nuestro país JAMAS se podrá recuperar, Honduras ha iniciado un proceso IRREVERSIBLE que día a día destruye los elementos principales de la sociedad civil “La Familia” y “El Estado”, hoy en día tenemos narcofuncionarios que no solamente dependen del uso de narcóticos, sino que también protegen, promulgan, y estimulan el consumo, venta, y  distribución de cualquier tipo de estupefacientes. El narcotráfico ha encontrado tierra fértil en Honduras para sembrar su semilla de destrucción, abonada por aquellos funcionarios públicos que por su adicción o negocio familiar legislan o militarmente lo protegen.

MUERTE CLINICA: Desde el punto de vista clínico la muerte es el cese de las funciones orgánicas de cualquier ser vivo, la cual está precedida la mayoría de las veces por una etapa agónica, que puede ser corta, o en ocasiones, suele durar hasta un mes antes de la muerte, en donde se encontrarán una serie de manifestaciones clínicas que la presagian. Esto solo significa que la “LA DEMOCRACIA”, “LA PAZ”, “LA LIBERTAD” todos y cada uno de estos tres conceptos dejaron de existir como garantías de convivencia social el mismo día en que los hondureños en coma, los que padecen de muerte cerebral, muerte cardiaca, y necrosis, decidieron sin el consentimiento de las mayorías que debíamos sacrificar nuestra democracia, para poder vivir en paz y libertad. Desde ese preciso instante que dejo de existir la Republica de Honduras para convertirse en la Republica de Algunos, los conceptos de Democracia, Paz y Libertad solamente han sido utilizados en contra del mismo pueblo.

Nuestra “Democracia” es ahora el patio de recreo de las oligarquías, el juguete de los poderes fácticos, el tema de moda de los poderes mediáticos, el ultimo versículo inventado de los poderes religiosos, la gran excusa del poder internacional para romper el hilo constitucional, y el instrumento del poder militar para estrenar su armamento en contra de sus dueños.

“La paz” no es mas que un premio que otorga la comunidad internacional para aquellos que logran matar menos gente que otros, o que simplemente no logran contar completamente, un estado mental propio de aquellos que se lavan las manos manchadas de sangre inocente con agua bendita y justifican o celebran sus acciones vistiendo de blanco; y finalmente “La Libertad” se ha convertido en un privilegio de aquellos que existimos bajo un seudónimo, y un deseo colectivo que antes era de uso exclusivo de los reos y condenados pero que ahora Honduras entera reclama como derecho.

Hoy me doy cuenta que vivimos entre los muertos, aquellos que por decisión propia se han declarado muertos, y aquellos que se creen ser los mas vivos de entre los muertos.

…”No son los muertos los que en dulce calma

la paz disfrutan de la tumba fría;

muertos son los que tienen muerta el alma

y aún viven todavía!

No son los muertos, no, los que reciben

Rayos de luz en sus despojos yertos;

Los que mueren con honra son los vivos

Los que viven sin honra son los muertos.

La vida no es la vida que vivimos.

La vida es el honor y es el recuerdo

Por eso hay muertos que en el mundo viven

Y hombres que viven en el mundo muertos.

Juan de Dios Peza

Escrito por: Pepito Perez

Honduras: Militares y drogas Una reación inconclusa

Thelma Mejía

El tema del narcotráfico en Honduras continúa siendo un tabú, traducido únicamente al registro de los decomisos de drogas -cocaína o marihuana- pero nunca a sus implicaciones de fondo, los intereses en juego y las políticas estatales para su control y combate.

Existe el temor, en esta nación ubicada en el corazón de América Central, a hablar más allá del narcotráfico, pese a que su presencia data desde hace casi tres décadas, cuando el país era gobernado por regímenes militares de facto. Reportes periodísticos de la época, señalan que el fenómeno de la narcoactividad en Tegucigalpa surge con los militares, se reproduce con la impunidad y amenaza con afianzarse en los estamentos principales de la política.

Con una población aproximada de 5,5 millones de habitantes, donde siete de cada diez viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, Honduras resurge nuevamente a la vida constitucional en 1981, cuando los uniformados cedieron el poder para dar paso a los comicios electorales. Tras 16 años consecutivos de democracia formal, el país se apresta a participar este 30 de noviembre del
último proceso electoral del siglo, donde al menos unos 2,3 millones de hondureños y hondureñas elegirán un nuevo presidente, diputados, alcaldes y gobernadores provinciales.

La historia democrática del país, podría decirse que ha estado matizada por un estira y encoge en las relaciones del poder civil y el poder militar, último que hasta hace tres años mantenía un absoluto control tras el trono y que, pese a ciertos avances, da evidencias de resistirse a abandonar completamente el sabor que otorga el poder.

Impunidad, un eterno aliado militar

Acostumbradas a la impunidad como una norma y forma de vida, las Fuerzas Armadas de Honduras, comenzaron silenciosamente, tras el fin de la guerra fría, a incursionar ámbitos privados como el empresarial, a la vez que a acudir a sermones religiosos para enviar mensajes intimidatorios a la sociedad civil, cada vez que se sienten acosadas.

El último de estos “mensajes cristianos” lo ofreció a inicios de julio su capellán de origen colombiano, nacionalizado hondureño, Aníbal Montoya, al indicar que los castrenses en “cualquier momento podrían volver a tomar las armas” si persistía el acoso en su contra. Con este significativo mensaje, en el que el sacerdote militar irrespetó incluso al presidente hondureño, Carlos Reina, al decirle en su rostro que no creía en su “revolución moral” de combate a la
corrupción y la impunidad, los militares dejaron claros que al tigre (la figura popular con que se les conoce) no se le debe puyar con vara corta.

La defensa del capi-capellán, como bautizaron al sacerdote Montoya los columnistas hondureños, se debió a la implicación de varios castrenses en bandas de robo de autos, ejecuciones extrajudiciales y una serie de actos ilícitos donde, se afirma, hay también acciones de narcotráfico. Dos coroneles de la policía militarizada en este país, han salido embarrados en éstas acciones ilícitas aunque, pese al esfuerzo de los fiscales y las evidencias presentadas en su contra, una juez decidió liberar a
uno de ellos por “falta de méritos” y con una fianza irrisoria menor a los 80 dólares. De allí que temas como el de la narcoactividad sean tratados muy sútilmente en este país, donde los civiles no han perdido aún el temor a los militares, y donde se producen aún acciones de servilismo y el fenómeno del narcotráfico es un blanco sensible donde los techos de vidrio pueden resquebrajarse.

Un punto envidiable

Con una extensión territorial de 112,492 kilómetros cuadrados, Honduras es una nación que se vuelve un punto envidiable para las actividades del narcotráfico al compartir sus fronteras con países como Guatemala, Nicaragua y El Salvador. En general, el país está considerado como una nación de tránsito de drogas ilícitas. La producción de drogas es insignificante, salvo la marihuana que comenzó a cultivarse en algunas regiones del país y ha aumentado su consumo, especialmente entre la juventud.

En 1978, con el asesinato de los esposos Mario y Mary Ferrari, el país ya era mencionado como punto de escala del tráfico de drogas de Sur a Norteamérica, al tiempo que afloraba el nombre de militares vinculados al ilícito negocio. Los esposos
Ferrari aparecieron muertos en un pozo de malacate(artesiano) el 15 de junio de 1978, en una finca conocida como San Jorge, en lo que hoy en día es la populosa colonia capitalina Cerro Grande. Este matrimonio había querido aparecer en el país como “simples
comerciantes” que tenían un centro cervecero, cuyas instalaciones eran propiedad del coronel Ramón Reyes Sánchez, en ese entonces Director de la Penitenciaría Central (PC), el principal centro penal del país, con quien los vinculaba una estrecha amistad.

Para la policía, los Ferrari eran traficantes de droga (sobre todo, cocaína), armas y esmeraldas. junto al capohondureño, Juan Ramón Matta Ballesteros. Diario Tiempo, uno de los periódicos más beligerantes de la época, fue el medio que vinculó el secuestro y asesinato de los Ferrari con las drogas y los militares, lo que valió fuertes
censuras y presiones en un afán por intimidar a su cuerpo de redacción.

Desde la Inteligencia Militar

Según los diarios de la época, la muerte de los esposos Ferrari fue planificada en las oficinas de Inteligencia Militar o G-2 de las Fuerzas Armadas, en complicidad con el capo hondureño, Juan Ramón Matta, quien guarda prisión perpetua en una
cárcel de Estados Unidos. En esa época, la participación de los uniformados en el negocio de las drogas era tan evidente que el padre de Mario Ferrari, el señor Luís Ferrari, manifestaba que hablar del caso de su hijo, era “buscarle” la muerte.

En una carta enviada a Diario Tiempo, Luís Ferrari decía que “algunos señores de alto rango militar están comprometidos con mi hijo en el contrabando de cocaína, negocio que proporciona buenas ganancias que compartía con los que ahora son responsables de la desaparición de mi hijo y su esposa”. Estas explosivas declaraciones reflejaban la magnitud del problema, que meses más tarde registraría en el país una especie de Honduras Connection con los narcotraficantes.

Como parte de esta conexión, comienzan a aflorar los nombres de varios uniformados, entre ellos el coronel Leónidas Torres Arias (jefe de la G-2), el coronel Ramón Reyes Sánchez (director de la PC), el teniente coronel Juan Angel Barahona (jefe de la Interpol), y el coronel Armando Calidonio, además del oficial Carlos Coello. En el caso de Barahona, se le acusó de haber recibido dinero de la mafia para permitir la salida del país de Juan Ramón Matta, rumbo a Colombia, en los días que se cometió el asesinato de los Ferrari. Barahona negó rotundamente estas acusaciones y comenzó a soltar fragmentos de una historia que aún no se desentierra claramente, pero afirmó que tras el asesinato de los esposos Ferrari, había gente de “muchas estrellas”, una alusión popular que se usa para identificar a los oficiales de alto rango dentro de la estructura castrense.

Barahona sostuvo que el general Policarpo Paz García, jefe de las Fuerzas Armadas en ese entonces y posteriormente (en 1980 y 1981) jefe del gobierno de Honduras, tenía en su poder grabaciones y documentos que probaban la implicación de oficiales en el
narcotráfico. Las Fuerzas Armadas negaron las versiones del coronel Barahona, pero nombraron una Comisión de Alto Nivel para “investigar” la denuncia, trabajo que concluyó con un informe donde se exoneraba de toda responsabilidad a los militares hondureños.

En uno de sus fragmentos, el comunicado elaborado por la Oficina de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas manifesta: “Ningún oficial en servicio dentro del instituto armado ha estado involucrado en los crímenes de tráfico de drogas y estupefacientes, en el caso de los esposos Ferrari, ni en los hechos de sangre sobre los que profesamente ha informado la prensa”. Asimismo, reconoce que “algunos miembros de las Fuerzas Armadas pudieron haber cometido irregularidades en el desempeño de sus funciones, por acción o por omisión”, dando así por cerrado uno de los capítulos más dolorosos en la historia del crimen y el narcotráfico en Honduras.

Narcotráfico desaparece de la agenda

El caso de los Ferrari se produce en el país en momentos que Estados Unidos arreciaba su lucha anticomunista en América Central, y se hablaba de la llamada Operación Veloz que los ejércitos de Nicaragua y Honduras habían efectuado, sigilosamente, para atacar a los sandinistas de Managua; en esos tiempos también recrudecían las tensiones en la frontera entre Tegucigalpa y San Salvador para poder llegar a la firma de un Tratado General de Paz en 1980, que sentaría las bases para una posterior
delimitación de sus fronteras en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (1992).

Este contexto nacional e internacional, de una u otra forma incidió para que la escena del narcotráfico desapareciera de la agenda oficial e incluso de la prensa, pues todo se centró en denunciar y cubrir la guerra ideológica contra el comunismo que Estados Unidos impuso en América Central en los años ochenta. Esa guerra dejó a Honduras serias violaciones a los derechos humanos que culminaron con la desaparición forzada de 184 personas por causas político-ideológicas, hecho por el cual hoy se
busca que rindan cuenta los militares.

En el caso de los Ferrari, fuentes ligadas a la familia del entonces jefe militar de Honduras, el general Juan Alberto Melgar Castro, fallecido hace varios años, comentan en círculos muy cerrados que el golpe de Estado que derrocó al militar a fines de los
años setenta, estuvo vinculado con el interés del uniformado en revelar una lista de narcomilitares en un afán de sentar precedente y limpiar la institución armada. Si bien esta versión es extraoficial y de poca difusión, se asevera que las verdaras causas del golpe de Estado contra el general Melgar fue el asunto del narcotráfico y que el caso del matrimonio Ferrari indignó mucho al oficial.

Para Ramón Custodio López, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el grado de penetración del narcotráfico en el país se implantó desde un principio al más alto nivel, puesto que entró en ese juego el entonces jefe de inteligencia militar, coronel Leónidas Torres Arias. Custodio afirmó que Torres Arias, “permeó” las altas esferas de las Fuerzas Armadas y desde entonces, “podemos decir que la extensión del
narcotráfico ha sido por una capilaridad invertida de la cúpula hasta las raíces. (…) En este momento, yo creo incluso que está enraizada en la sociedad hondureña con una serie de connotaciones. Antes era simplemente puente de paso, luego vino la etapa de
consumo como parte de los nuevos hábitos de los nuevos ricos de la alta sociedad, pero luego se pasó al pago en dólares por los servicios prestados a un pago en especies porque ya había un mercado interno para la coca(ína) y hemos avanzado en la parte del lavadode dólares y la narcopolítica”,manifestó. Honduras, se asegura, es en materia de narcotráfico una especie de Triángulo de las Bermúdas con uno de sus vértices en la región de la Mosquitia hondureña, en la Costa Atlántica, fronteriza con Nicaragua. El otro vértice, lo constituirían las Islas de la
Bahía, en el mar Caribe; y el último sería la zona de la aduana de El Guasaule, en el sureño departamento de Choluteca, fronteriza con Nicaragua.

El primer esfuerzo civil

Hasta 1994, el control sobre el combate a las drogas y el narcotráfico lo tenían las Fuerzas Armadas de Honduras y la policía militar (se espera que ésta última pase a fines de este año completamente al poder civil). La creación en 1994 del Ministerio Público (o Fiscalía del Estado) y de la primera Policía Civil de Investigación Criminal (DIC), generó suspicacias en las relaciones cívico-militares, donde el tema de la narcoactividad comienza a ser visualizado bajo un ángulo de nuevas bases. El Ministerio Público surge luego de denuncias hechas por un ex policía militar que declaró
cómo en ese organismo se mataba, torturaba, asaltaba y se creaban bandas de delincuentes para atemorizar a la sociedad.

Ese sería el primer capítulo que empieza a sentar las bases de unas nuevas relaciones entre el poder civil y el poder militar en Honduras. El segundo capítulo lo establecería el presidente hondureño, Carlos Roberto Reina, al abolir el servicio
militar obligatorio por uno voluntario y educativo en 1995, al tiempo que empezó a restarles importantes cuotas de poder a los uniformados.

Si bien Reina inició con pie derecho su gestión de “evolución moral” y combate a la impunidad y la corrupción, dos oscuros atentados ocurridos hace tres años (1995), frenaron su marcha de desmilitarización de la sociedad. Estos
atentados fueron, según una publicación difundida el 29 de septiembre por el diario estadounidense The Miami Herald, gestados por un sector de los militares en alianza con grupos cubanos anticastristas. La aseveración del diario, que cita a fuentes privadas, castrenses y asesores de la Casa de Gobierno, manifiesta que las acciones fueron encabezadas por el entonces jefe de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, el coronel Guillermo Pinel Cálix y el empresario cubano en el exilio Mario Delamico (quien se ha caracterizado por vender armas al ejército hondureño). Pinel Cálix es hoy en día el Inspector General de las Fuerzas Armadas, un cargo burocrático, que de acuerdo a The Miami Herald, le fue otorgado para restarle poder, y tras negociaciones entre el alto mando y el poder Ejecutivo, que se enteró de los presuntos planes y actividades del oficial.

A la fecha, las investigaciones sobre el origen de los atentados contra Reina no han salido a la luz pública, pero la sospecha de que los autores pudieron haber sido los uniformados es creciente en los círculos de la sociedad. Lo interesante de la publicación del diario estadounidense es su revelación sobre la alianza entre militares hondureños y cubanos en el exilio. Estos últimos no simpatizarían con Reina por considerar que estaba coqueteando mucho con Cuba, por el anuncio al principio de su gestión de una
intensificación en las relaciones diplomáticas con La Habana (que luego fueron prácticamente congeladas). Las Fuerzas Armadas han negado rotundamente la versión de The Miami Herald y atribuyeron los hechos a una oleada internacional de desprestigio, identificada con antelación por sus cuerpos de inteligencia.

Una urgente depuración policial

En este contexto de lucha por una desmilitarización de la sociedad, en materia de narcotráfico, la tarea se centra en que su combate debe estar a cargo del departamento antidrogas de la Fiscalía del Estado, y de la nueva Policía Civil, depurada y sin los vicios existentes bajo la égida castrense. Ello porque, tanto en el pasado reciente como en el actual, son grandes las sospechas de que los uniformados han estado vinculados al desarrollo de la narcoactividad, de una u otra forma.

Recientemente un ex policía aseveró que a principios de los años noventa, la DEA estadounidense pagaba a los militares por kilo de cocaína decomisado y era usual que ante los fuertes operativos realizados, se presentaran repentinamente los altos uniformados a vigilar la droga y, obviamente, esperar su recompensa. La DEA cambió su estrategia, al comprobar, según se supo, que muchos militares estaban en el negocio, y concentró sus vínculos de acción en la Fiscalía Especial contra el
Narcotráfico del Ministerio Público, a quien brinda capacitación, asesoría y ayuda económica, en el marco de de las relaciones bilaterales de Honduras y Estados Unidos en materia antidrogas. Los fondos destinados anualmente se estiman en unos 250 mil dólares, y varían según como sienta Washington que va la fiesta.

Por ahora, las Fuerzas Armadas de Honduras sólo tienen la función de auxiliar logísticamente las operaciones que ejecuta la Fiscalía contra las Drogas, con quienes hubo -en principio- fuertes choques al probarse que varios uniformados estaban en el ilícito negocio de las drogas. Un fiscal del Ministerio Público, informó que el despacho posee evidencias sobre varios uniformados de alto rango que controlan pequeñas redes de droga y que es dificil atraparlos porque se manejan en el manto de la impunidad:
“por muchos años ellos han estado controlando todo lo que es narcotráfico y por tanto tienen experiencia para evadir la justicia”, apuntó.

Sin embargo, para el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, coronel Mario David Villanueva, la participación de militares en el narcotráfico, “responde a hechos aislados y no a una norma institucional del gremio armado”. La existencia de
pequeños carteles en el cuerpo armado, “no se puede descartar por el simple hecho que somos seres humanos, estamos en un país con una posición privilegiada para esta actividad ilícita. Lo que sí podría decir es que podría ser la excepción en este momento y no la norma”, reiteró. De acuerdo al portavoz castrense, el narcotráfico no tiene fronteras y su presencia es tan fuerte que se percibe cuando aparecen nuevos ricos de la noche a la mañana, en momentos en que la sociedad vive una grave crisis.

Por este motivo, grupos humanitarios y analistas estiman que la lucha contra las drogas sólo será efectiva si se desmilitariza la sociedad y resta cuota de poder a los uniformados. Asimismo piensan, será real en la medida que el país sepa definir unas nuevas relaciones con Estados Unidos, quien hasta ahora ha llevado la voz cantante, puesto los escenarios y tolerado (en algunos casos, como Irán-Contras) acciones de narcotráfico para la compra de armas. Bajo este escenario, Honduras junto a Costa Rica, Nicaragua y
Panamá, jugó un rol importante, dado que en su territorio albergó a los casi 40.000 hombres que conformaban la desaparecida Contranicaraguense. El papel de Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en la lucha contra el comunismo, es un capítulo incierto en Honduras, en el que por ahora se ha elevado una petición al Senado en Washington para investigar hasta dónde el territorio hondureño sirvió al juego de Irán-Contras.

Se asegura que por ahora el tema del narcotráfico en Honduras es sólo parte de lineamientos políticos traducidos en textos dentro de la agenda nacional, donde no se perfila su incorporación a temas reales de agenda porque no conviene a grupos interesados. Mientras, en el país se percibe un crecimiento de la banca, la industria de la construcción, el turismo, tarjetas de crédito, concursos de belleza, inversiones en el deporte y una serie de mecanismos, que sientan pautas para pensar que Tegucigalpa se está convirtiendo en una fuerte zona para el lavadode activos proveniente del narcotráfico y el crimen organizado.

Según el CODEH, mientras menos se hable del tema de la narcoactividad, más impunidad prevalece en el país.

La DEA y lo que “le conviene”

El discurso de los uniformados se centra ahora en que no se meterán a luchas que no sean regidas estrictamente por la Constitución; en que la lucha contra las drogas debe ser frontal y si bien el gremio armado no es “químicamente puro”, su anuencia a colaborar en la guerra contra el narcotráfico, será siempre de “buena fé”. Hasta ahora, sólo cinco militares guardan prisión por su vinculación con las drogas, unos porque estaban de lleno en el negocio y otros porque dejaron que se perdiera de sus narices droga incautada a los narcos.

Información fragmentaria que desclasificó la DEA a petición de un periodista estadounidense sobre militares hondureños y el narcotráfico, señala entre otros al general retirado Joé Abdenego Bueso Rosa (un antiguo aliado incondicional de Estados Unidos), según el informe “entrenado para asesinar”. Bueso fue hallado culpable en 1986 en asuntos de narcotráfico relacionados a un cargamento de 760 libras de cocaína, introducidas al estado de La Florida, Estados Unidos, y según se desprende del informe de la DEA, la carga estaría relacionada a un plan para asesinar al entonces presidente de Honduras,
Roberto Suazo Córdoba (1982-1984). Bueso fue convicto en Estados Unidos en el distrito de Miami en 1986.

La documentación menciona también al ex jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Humberto Regalado Hernández, como un sospechoso de proteger a traficantes de drogas colombianos, además de desviar fondos de la ayuda militar estadounidense a una cuenta personal privada. La relación militares-narcotráfico es una especie de nebulosa inconclusa. En 1989, agentes de la DEA en Tegucigalpa fueron removidos sorpresivamente de sus cargos y su oficina oficialmente cerrado, al haberse encontrado evidencias de uniformados implicados en el negocio, según una publicación del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) de esa fecha.

La Fiscalía contra las Drogas junto a la Comisión Nacional de Lucha contra el Narcotráfico del gobierno, lucha porque en el seno del Congreso se apruebe una Ley de Activos que permita suspender el secreto bancario y permitir así dar fuertes golpes
a los peces gordos de la droga, pero hasta hoy, esa ley no se emite. De cara a los comicios generales de noviembre, si bien el tema del narcotráfico no figura en el discurso de los políticos, sin duda la lucha por controlar la guerra antidrogas se librará sútilmente cuando se decida el traspaso de la Policía a los civiles y se perciba hasta qué punto los castrenses permitirán una limpieza del nuevo organismo de seguridad. De esta suerte, puede afirmarse que Honduras entrará al nuevo milenio arrastrando los
problemas sociales y de pobreza de hace tres siglos, y sin una definición concreta sobre la importancia del narcotráfico en su agenda nacional.

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Surgimiento de la narcoactividad en Honduras

Colaboración de la periodista Thelma Mejía

En 1978, con el asesinato de los esposos Mario y Mary Ferrari, el país ya era mencionado como punto de escala en el tráfico de drogas del sur al norte de América, al tiempo que se conocían los nombres de militares vinculados al ilícito negocio.

Según los registros periodísticos de esa época, pareciera que el narcotráfico surgió en el país vinculado con los señores de uniforme, que en ese momento ejercían el poder de facto en la Nación.

Los esposos Ferrari fueron encontrados muertos en un pozo de malacate (artesiano) el 15 de junio de 1978, en la finca San Jorge, en lo que es hoy día la populosa colonia capitalina Cerro Grande.

Su hallazgo se produjo seis meses después de haber desaparecido, convirtiéndose su caso en uno de los mayores escándalos que afrontó el régimen militar del fallecido general Juan Alberto Melgar Castro.

Los esposos Ferrari habían querido aparecer en el país como simples comerciantes, que atendían un centro cervecero, cuyas instalaciones eran propiedad del, entonces, Director de la Penitenciaría Central, coronel Ramón Reyes Sánchez, con quien los vinculaba una estrecha amistad.

De acuerdo con la información de la policía, los Ferrari eran traficantes de droga, sobre todo cocaína, además de tener vínculos con el tráfico de armas y esmeraldas, junto al capo hondureño Ramón Matta Ballesteros.

En una declaración de prensa, el padre de Mario Ferrari, Luis Ferrari, dijo sin tapujos que contar la historia de su hijo era darlo por muerto.

Diario Tiempo, uno de los periódicos más beligerantes de la época, fue el medio que vinculó el secuestro y asesinato de los Ferrari con las drogas y los militares, lo que le valió fuertes censuras y presiones, en un afán por intimidar a su cuerpo de redacción.

Por el asesinato de los Ferrari, se capturó a cuatro personas que operaban como una banda dedicada al tráfico de droga. Entre ellos se encontraba el ex sargento militar, Dimas Reyes y el colaborador de lapolicía Raúl Matta, entre otros.

El sargento Reyes estaba asignado al G-2 del ejército o inteligencia militar. En ese cuerpo militar, se presume que fue planificada la muerte del matrimonio Ferrari. Raúl Matta realizó el servicio militar en el ejército de Estados Unidos, de donde fue expulsado bajo la acusación de utilizar el uniforme para asaltar tiendas. (Diario Tiempo, 2 de marzo de 1978).

También fue deportado de México, por estar vinculado a las drogas, y colaboró en Honduras con el Departamento de Investigación Nacional (DIN) o policía secreta, disuelta hace cuatro años, en el departamento de Narcóticos.

Relacionado con este caso, se mencionó el nombre de Juan Ramón Matta Ballesteros, como jefe de un grupo dedicado al narcotráfico y autor intelectual del asesinato del matrimonio Ferrari.

Matta Ballesteros fue capturado en abril de 1988, por agentes de la DEA de los Estados Unidos y el ejército de Honduras, y enviado a Washington, donde se encuentra condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico y por su vinculación con el asesinato del agente antidrogas Enrique Camarena, torturado y ejecutado en México, en 1984.

En esa época del secuestro y asesinato de los Ferrari, la implicación de los uniformados en el negocio era tan evidente, que el señor Luis Ferrari, padre de Marito, como cariñosamente le decían, alertaba sobre el asunto.

En una carta enviada al Diario Tiempo, indicaba: …algunos señores de alto rango militar están comprometidos con mi hijo en el contrabando de cocaína, negocio que proporciona buenas ganancias que compartía con los que ahora son responsables de la desaparición de mi hijo y su esposa…

En rueda de prensa, sostenida el 9 de marzo de 1978, los militares sostenían que, desde hacía algún tiempo, Honduras había sido colocada en el primer plano en el tráfico internacional de drogas.

No se trata de algo pequeño, sino de una mafia que maneja dos o tres mil millones de dólares, y por lo tanto están dispuestos a llegar a cualquier extremo para proteger este gigantesco negocio ilícito, dijo el general Policarpo Paz García, jefe del gremio armado.

Se dice que hay varios laboratorios en el país, pero hasta el momento no se ha localizado ninguno, afirmaba el general Paz, quien afirmaba que la droga procedía de Colombia.

En la jerga de los uniformados se habla de una Honduras-Conection, que tiene que ver con el narcotráfico, cuya primera avanzada fueron los esposos Mario y Mary Ferrari.

Como parte de la Honduras-Conection, comienzan a aflorar los nombres de varios uniformados, entre ellos el coronel Leónidas Torres Arias, jefe de inteligencia militar; el coronel Ramón Reyes Sánchez, director de la PC; el teniente coronel Juan Angel Barahona, jefe de la Interpol; el también coronel, Armando Calidonio; y el oficial Carlos Coello.

A Barahona se le acusó de haber recibido dinero de la mafia para permitir la salida rumbo a Colombia del narcotraficante, Ramón Matta, en los días que se cometió el asesinato de los Ferrari.

Barahona, negó rotundamente estas acusaciones y comenzó a soltar fragmentos de una historia que aún no se conoce claramente; afirmó que, tras el asesinato de los Ferrari, había gente de muchas estrellas, una alusión popular que identifica a los oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas.

Sostuvo que el general Policarpo Paz García, jefe de las Fuerzas Armadas, tenía en su poder grabaciones y documentos que probaban la implicación de los oficiales en el narcotráfico, pero éstos nunca salieron a la luz pública.

Ante estas explosivas declaraciones del oficial, los militares indicaron que investigarían el caso, el cual estaría bajo la responsabilidad de la Comisión de Alto Nivel nombrada para esclarecer el paradero de los Ferrari.

Una vez fueron encontrados los cuerpos de los esposos Ferrari, sobre los cuales echaron cientos de toneladas de cal, la Comisión de Alto Nivel sólo implicó en el asesinato a Dimas Reyes y Raúl Mata, liberando de culpa o sospecha a cualquier uniformado. Raúl Mata, salió a mediados de este año de prisión, tras cumplir una condena de más de diez años.

En una cadena nacional de radio y televisión, difundida el 26 de junio de 1978, las Fuerzas Armadas de Honduras indicaron que ningún oficial en servicio está involucrado en el crimen de los Ferrari, ni en el tráfico de drogas.

Los fragmentos más importantes de la cadena, resaltaron que ningún oficial en servicio dentro del instituto armado ha estado involucrado en los crímenes de tráfico de drogas y estupefacientes, en el caso de los esposos Ferrari González, ni en los hechos de sangre sobre lo que profesamente ha informado la prensa nacional en uso irrestricto de la libertad de expresión que garantiza el régimen de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, reconoció que algunos miembros de las Fuerzas Armadas pudieron haber cometido irregularidades en el desempeño de sus funciones, por acción o por omisión, dando así por cerrado uno de los capítulos más dolorosos en la historia del crimen y narcotráfico en Honduras.

Al momento de realizar la investigación, trascendió que una de las muchas causas que originaron posteriormente el golpe de Estado contra el general Juan Alberto Melgar Castro, fue la determinación de éste de desenmascarar a los militares narcos, en un afán por limpiar la imagen del gremio armado.

En los archivos de la DEA, y de acuerdo a retazos de información desclasificada entregada al periodista estadounidense Jeremías Bigwood, en los meses de junio y julio de 1997, ese organismo norteamericano señala al general Policarpo Paz García como un jefe de Estado que llegó al salón de la fama en Honduras tras el golpe de Estado a Juan Alberto Melgar Castro y por tener fuertes tendencias a la corrupción.

Asimismo, la DEA dio información parcial de los militares Juan Blas Salazar, Gustavo Alvarez Martínez, José Abdenego Bueso Rosa, Guillermo Pinel Cálix, Humberto Regalado Hernández, Rigoberto Regalado Lara y Thomas Said Speer, como sospechosos de estar en el asunto de la drogas o bajo su influencia.

Todos estos militares han formado parte de las alta cúpulas del ejército. El coronel Pinel Cálix, actual inspector general de las Fuerzas Armadas, fue señalado en un artículo de The Miami Herald, de Estados Unidos, de formar parte de un grupo de oficiales que complotaron contra el presidente hondureño Carlos Roberto Reina.

Cálix, junto a un grupo de cubanos exiliados encabezados por el presunto contrabandista de armas Mario Delamico, habría fraguado los dos atentados que en 1994 y 1995 sufrió el presidente Reina, según el rotativo.

Los móviles de la alianza serían el malestar de los castrense hondureños por sentir restado su poder y el rechazo de los cubanos en el exilio al acercamiento que el régimen de Reina mostraba hacia el gobierno de La Habana.

Si bien los militares han negado las acusaciones y amenazan con demandar por especulaciones al periodista Juan Tamayo, del Herald, el asunto evidencia la fragilidad de las relaciones entre civiles y militares en el país, que, en el caso del narcotráfico, se traduce en silencio.

Para el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODEH, Ramón Custodio, el grado de penetración del narcotráfico en el país se implantó desde un principio, al más alto nivel, puesto que entró en ese juego el entonces jefe de la inteligencia militar, o G-2, coronel Leónidas Torres Arias.

Custodio sostiene que Torres permeó las altas esferas de las Fuerzas Armadas; desde entonces, podemos decir que la extensión del narcotráfico ha sido por una capilaridad invertida, de la cúpula, hasta las raíces; está enraizada en la sociedad hondureña con una serie de connotaciones.

Antes era simplemente puente de paso, luego vino la etapa de consumo como parte de los nuevos hábitos de los nuevos ricos y de la alta sociedad, pero luego pasó, del pago en dólares por los servicios prestados, a un pago en especie, porque ya había un mercado interno para la coca y hemos avanzado ahora en la parte del lavado de dólares y la narcopolítica.

Como país de tránsito, Honduras es vulnerable por sus extensas fronteras marítimas y terrestres, sus limitados controles aduaneros, bajos salarios de sus oficiales, la existencia de una indeterminada cantidad de pistas clandestinas y la poca capacidad de la Fuerza Naval, una rama de las Fuerzas Armadas, para patrullar e interceptar los barcos que transportan drogas, dada la falta de embarcaciones y combustible.

La Fuerza de Seguridad Pública, FSP, que realizaba las labores de policía, contaba con unos siete mil efectivos, mal armados y con deficientes sistemas de transporte y comunicaciones, que le impiden eficacia para combatir el narcotráfico.

Esta Fuerza tiene una Dirección Nacional Antidrogas, DNA, que cuenta con agentes especializados y un escuadrón canino, que han permitido una serie de incautaciones, particularmente en los puestos aduaneros fronterizos con Nicaragua.

La FSP se convertirá, en los próximos ocho meses, en la nueva Policía Nacional Civil de Honduras, cuando todas sus estructuras, militarizadas aún, den paso a una depuración y a un organismo civil de seguridad preventiva. La acción es parte del proceso de desmilitarización del país.

El Ministerio Público, fundado en 1994, creó la Fiscalía Especial contra el Narcotráfico, que el 17 de junio de 1996 se convirtió en la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico.

Carlos Sosa Coello, diputado socialdemócrata al Congreso Nacional y ex-vicepresidente del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, manifiesta que Honduras es un país de tránsito, almacenamiento y desviación de productos químicos, y lavado de dinero. Según el legislador, no existe evidencia de gran producción y el consumo se mantiene a niveles moderados.

De acuerdo con investigaciones realizadas, incluida la consulta a fuentes civiles y militares encargadas de combatir la droga, el impacto de la narcoactividad en Honduras está adquiriendo niveles alarmantes, cuya magnitud no se refleja en los decomisos de la droga.

Para el analista político Víctor Meza, del Centro de Documentación de Honduras, estas formas de esparcimiento, a escala nacional, no descartan la existencia de minicárteles de la droga, porque Honduras pasó de ser puente de los narcos, a constituirse en un depósito de estupefacientes.

Todos los países que se convierten en sitio de depósito, más temprano que tarde, ven surgir de minicárteles regionales o de grupos locales distribuidores de droga, que entran en competencia entre sí, por el control de territorios o por el acceso a fuentes distribuidoras de la droga en grandes cantidades o al por mayor, dijo Meza.

Uno de los puntos donde es más evidente la narcoactividad, es la región norte del país, sobre todo las Islas de la Bahía, una zona que se presta mucho para este tipo de actividad por ser un punto importante de confluencia turística, sin vigilancia policial. Gran parte del tráfico de droga, que viene por las rutas marítimas, desemboca en las Islas de la Bahía

El noventa por ciento de la flota pesquera hondureña está concentrada en Islas de la Bahía y regiones adyacentes. Muchos pescadores de mariscos y langostas han acostumbrado canjear parte de sus productos por droga que viene de Colombia, particularmente de la Isla de San Andrés. Las operaciones de canje de la droga se realizan en alta mar.

Según Meza, el pescador regresa sin langosta pero con mucha droga a las Islas de la Bahía. Esta droga empieza a ser utilizada como moneda de pago. En la medida que la droga se utilice para pagar en especie los servicios del traficante local, se producen esos flujos pequeños, pero a la vez importantes, de droga que circula dentro del territorio nacional, estimulando el consumo local.

Otra fase importante a señalar en el caso de la narcoactividad en Honduras, es la que se refiere al país como productor. Se puede ser productor de drogas menores, o país procesador de drogas mayores. La sospecha es que existen laboratorios de droga; extremo que no se ha comprobado.

En Honduras sólo se produce marihuana, ya que se han detectado plantaciones en el norte del departamento de Francisco Morazán, y en los de Yoro y Olancho, ubicados en el norte y el oriente del país, respectivamente.

En 1989, el ejército realizó un operativo en el norteño departamento de Colón; pero, curiosamente, hubo un gran incendio en lo que se supone fue una acción de último momento para borrar la evidencia de cultivos o posibles laboratorios móviles de droga.

De acuerdo con los organismos de lucha antidroga, la marihuana se cultiva para consumo interno y, en parte, para la exportación hacia los Estados Unidos.

En el norte del departamento de Morazán, en la región central, se registra, por cuestiones ecológicas, un decaimiento de la actividad agrícola. Varios campesinos, por los bajos precios de los granos básicos y estimulados por narcotraficantes, optaron por realizar cultivos de marihuana en vez de maíz, arroz y frijol, los productos básicos que conforman la dieta alimentaria del hondureño.

En Cortés, Yoro, Comayagua, Colón y Olancho, con tierras fértiles, el cultivo de marihuana tiene fines estrictamente comerciales.

La Comisión Legislativa contra el Narcotráfico sostiene que los campesinos son inducidos a dedicarse al cultivo de marihuana, para obtener ingresos superiores a los generados por sus cultivos tradicionales, generalmente granos básicos.

Durante 1995 hubo ocho operaciones policiales, en las que se decomisaron y destruyeron plantas de marihuana. La más significativa de ellas, fue la incautación y quema de 84 mil 346 plantas de marihuana; pero no hubo detenidos, ya que las personas dedicadas a esta labor huyeron del lugar.

En 1996 las operaciones policiales efectuadas se incrementaron sustancialmente y revelaron que hubo un aumento de actividad de los cultivadores de marihuana.

Entre 1995 y 1996, hubo un decomiso de siete mil libras de marihuana en Morazán, y, de menor grado, en las ciudades de Siguatepeque, Tela y La Ceiba, en la zona central y norte del país. También se registró la destrucción de más de tres millones de plantas, en el mismo período.

Las autoridades hondureñas sospechan que, en alta mar, en el Océano Atlántico, hay trueque de droga por langosta y camarón. De tal manera que la droga es vendida en el mercado local, particularmente en las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Tela y Cortés, en la zona norte, donde opera el mayor flujo de turistas extranjeros, en su mayoría estadounidenses, en hoteles de cinco estrellas ubicados en las playas.

Las características geográficas del país, con costas en ambos océanos, extensas fronteras terrestres, la existencia de grandes zonas vírgenes y factores de carácter político y económico, así como los tratados de integración con América Central, propician este incremento del narcotráfico.

De acuerdo con el CEINCO, un centro de información de las Fuerzas Armadas, una de las zonas de trasiego de droga con características especiales es la región de La Mosquitia, donde la población, en su mayoría, apoya, participa y cubre esta actividad, dado los altos niveles de pobreza y falta de empleo.

Las formas de transporte son generalmente mixtas, ya que la droga puede ser transportada desde América del Sur, especialmente Colombia; lanzada al mar, recogida en la playa por cómplices, transportada por medios fluviales o aéreos, para luego ser enviada por tierra a Guatemala o, por medios marítimos y aéreos, hacia Islas de la Bahía u otras partes de la región.

Algunos individuos de origen colombiano, sospechosos de ser narcotraficantes, están comprando propiedades en los departamentos de Gracias a Dios, Colón y en toda la zona del litoral atlántico hondureño.

Una vez establecidas en el sector, éstas personas de inmediato crean grandes redes de información, lo que les permite saber de inmediato la presencia de extraños o de autoridades en la zona.

Durante la pasada década, dados los conflictos internos en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, hubo una gran afluencia de tropas extranjeras a Honduras, hecho que estimuló el uso del territorio hondureño para el trasiego de drogas del sur al norte de América.

La incautación de drogas revela que hay una intensificación del uso del territorio hondureño para el trasiego de cocaína, ya que en los años anteriores el promedio no pasaba de mil kilos.

Las zonas más sensibles en América Central son el Tapón de Darién, donde había producción de coca ya sembrada, se dice que vinculada con la guerrilla colombiana; Guanacaste, en Costa Rica, donde hay pistas privadas; el litoral atlántico de Nicaragua, donde viven los misquitos; el litoral atlántico de Honduras y sus Islas de la Bahía; el litoral atlántico y los departamentos del Petén y Retalhuleu, en Guatemala; y Banco Chinchorro, frente a Belice.

Los cárteles de la droga conocen como la palma de la mano estas zonas y hay un gran respeto por su uso, según afirman las autoridades hondureñas de lucha contra la narcoactividad.

El único débil es el departamento financiero, porque es el evidente. Hay evidencias de bandas que trabajan para los narcotraficantes, pero sus relaciones son de subordinación y cierta autonomía en la ejecución del trabajo.

Cuando la presencia del narcotráfico se evidenció en el país, a fines de los setenta, empezó a mencionarse el nombre de militares implicados en el negocio. Según publicación de la revista El Parcial, de Alemania, Honduras emergía como el área más nueva en el tráfico de cocaína a Estados Unidos.

Un boletín del Centro de Documentación de Honduras, de marzo de 1990, indica que la Operación Causa Justa impulsada por la administración del entonces presidente George Bush, contra el narcotráfico en Panamá, dio un salto de rana a Honduras.

Oficiales norteamericanos saben, desde hace varios años, que militares hondureños de alto rango han enviado, o servido de embudo, toneladas de cocaína a Estados Unidos, señala el informe titulado Los hilos del Narcotráfico.` Para el portavoz de las Fuerzas Armadas, coronel Mario David Villanueva, la vinculación de los militares al narcotráfico ha sido en casos aislados y no como política institucional. Villanueva comenta que la lucha contra el narcotráfico debe ser frontal, en la que deben participar todos y tomar el asunto como un problema real que enfrenta el Estado.

El narcotráfico, según las Fuerzas Armadas de Honduras, no tiene fronteras y su presencia es tan fuerte que se percibe cuando aparecen nuevos ricos de la noche a la mañana, en momentos en que la sociedad vive una grave crisis.

Villanueva no descarta la posibilidad de que existan pequeños cárteles en el cuerpo armado: no se puede descartar, dice, por el simple hecho de que somos seres humanos, estamos en un país con una posición privilegiada para esta actividad ilícita. Lo que sí podría decir es que podría ser la excepción en este momento y no la norma.

Por este motivo, grupos humanitarios y analistas estiman que la lucha contra las drogas sólo será efectiva si se desmilitariza la sociedad y se resta poder a los uniformados.

Los analistas apuntan que la lucha contra el narcotráfico la deben emprender los policías civiles, agentes del Ministerio Público o Fiscalía del Estado, en la medida que el tema de la narcoactividad es un punto obligado, y no teórico como hasta ahora, en la agenda nacional.

A la par de estas preocupaciones, lógicas y coherentes con la realidad del país, otro dato que preocupa a los estudiosos de la narcoactividad y las autoridades enfrascadas en su lucha, es el aparente uso de territorio nacional para el lavado de divisas procedentes de la droga.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el mayor signo del proceso de lavado de dinero es el hecho de grandes cantidades en manos de personas cada vez de menor edad. Hay jóvenes de entre 20 y 25 años que son millonarios. Es circulante en manos de personas que no tienen activos fijos, sólo dinero cuya procedencia no se puede justificar fácilmente.

Cada vez se producen más vinculaciones del sistema con lugares donde se producen operaciones financieras de dudosa reputación, como las Bahamas y Panamá. Hay, además de los bancos, empresas que realizan operaciones comerciales directas.

En Honduras, se lava dinero procedente del narcotráfico y de la corrupción, fortunas masivas que aparecen de la noche a la mañana, según un informe en poder del Consejo Nacional contra el Narcotráfico.

Las actividades económicas más utilizadas para lavar dinero son el turismo, las casas de cambio, los correos rápidos, la construcción, la compra de bienes raíces, la industria, el deporte profesional, los supermercados y las tiendas grandes.

En 1995 se aprobó la Ley de Banca y Finanzas, que contempla la superintendencia de bancos, asociaciones de ahorro y crédito, financieras, aseguradoras y casas de cambio, y tiene amplias facultades para revisar el funcionamiento de estas instituciones.

También la Asociación de Instituciones Bancarias discute en el Congreso Nacional una ley contra el lavado de activos, con el fin de suspender el secreto bancario en operaciones vinculadas al narcotráfico.

En Tegucigalpa, nadie está obligado a declarar el origen del dinero que deposita en los bancos. Una nueva ley establecerá un formulario donde se indique la procedencia de depósitos superiores a 3 mil 500 dólares. Pero esto aún no se aprueba en el Congreso, que, hábilmente, ha dado largas al engavetar el proyecto.

El Fiscal General del Estado, Edmundo Orellana, declaró que el secreto bancario, como está regulado en Honduras, se presta para el lavado de dinero. Cualquier persona puede llegar a un banco y depositar una gran suma de dinero y nadie le pregunta donde lo obtuvo, porque no hay ninguna obligación de hacerlo, salvo pagar el impuesto sobre la renta.

No obstante, uno de los principales obstáculos detectados por las autoridades y grupos humanitarios en la lucha contra el narcotráfico, es la inmunidad parlamentaria y política que gozan algunos funcionarios, especialmente del Poder Legislativo.

La Fiscalía del Estado sostiene que la inmunidad es para ellos el principal dolor de cabeza en la lucha contra las drogas, pues existen evidencias de que en algunos carros del Congreso Nacional se trafica con estupefacientes, se hacen grandes operaciones, pero no pueden hacer nada porque las personas que los conducen gozan de inmunidad.

Honduras se apresta a elegir, este 30 de noviembre, un nuevo presidente, diputados y alcaldes por un período de cuatro años. Si bien el proceso entró a su fase final, ninguno de los cinco aspirantes a la presidencia menciona el tema de la narcoactividad y su combate.

Los comentarios en voz baja, de sectores intelectuales, analistas y políticos, radican en la conformación de fuerzas del próximo Congreso, que lleva en sus planillas de candidatos para diputados a unas cuarenta personas señalas por presuntos actos corruptos, en tanto otros son mencionados por asuntos relacionados con drogas.

Cuando las denuncias de tráfico de influencia en el poder judicial son enormes, al afirmarse que algunos políticos influyen para torcer la ley, y mientras los Magistrados de la Corte de Justicia sean nombrados por el Congreso, como sucede actualmente, la independencia de poderes y la aplicación de justicia son remotos, lo que tiene que ver con el tráfico de drogas.

Honduras y su petroleo

El Golpe de Oro Negro Honduras
Alguien consiguió petróleo tras caer Zelaya

Julio Escoto, MA.

Según diversidad de enfoques, para que se activaran los resortes del golpe de Estado de Junio 28 en Honduras bastó la propuesta de instalar una cuarta urna que decidieran si se convocaba a una asamblea constituyente, motivo este sospechosamente primario y elemental. La defenestración, ejecutada a dos tiempos, inclina a dudar si el rápido golpe se originó en exclusivo por razones políticas o si hubo otras. De acuerdo con fuentes avaladas, al oscurecer del jueves 25 se abortó al primer intento de rebelión, cuando el entonces presidente del Congreso, Roberto Micheletti, recibió dos llamadas a su móvil: una del embajador
estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, quien le advirtió en manera categórica sobre la inconveniencia de romper el orden institucional. Y la segunda supuestamente del jefe del Estado Mayor, Romeo Vásquez, quien le expresaba que si había golpe alguno las fuerzas armadas estaban obligadas a participar. Esa y subsiguientes noches el presidente Manuel Zelaya se fue a dormir con la confianza de haber conjurado la sedición.
El segundo tiempo ocurrió el domingo 28 de Junio, día del golpe, exactos tres meses después de que Diario la Prensa insertara en su espacio de “Negocios” (edición de 29.03.09), como al azar, dos extraordinarias noticias de su redactora Yessile Ponce: una era que según el novato Ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Tomás Vaquero, la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, estaba interesada en explorar petróleo en Honduras.
Lo cual luciría como información usual si no fuera por el antecedente registrado en la misma sección, que informa: “Noruegos ya iniciaron exploración. Honduras firmó un convenio con la Petroleum Geo Services, PGS, que realizará estudios en 10 mil kilómetros de líneas sísmicas del mar territorial de Honduras, para posteriores exploraciones de crudo durante los próximos diez años. A finales de febrero pasado iniciaron las primeras exploraciones a través de un barco equipado con sensores de búsqueda geológica [buque Falcon Explorer]. Al concluir el proceso, el Gobierno determinará a qué empresa concederá derechos de explotación en caso de hallarse petróleo en el subsuelo marino. PGS invertirá en la realización de los estudios en Honduras alrededor de 23 millones de dólares, que recuperará al vender los estudios a cualquiera de las firmas que manifestaran interés de hacer exploraciones, indicó Vaquero. El gerente de desarrollo de PGS, George Buzan, explicó que los análisis se llevarían a cabo entre febrero y marzo próximos, y que su duración [máxima legal] será de diez años” (subrayado nuestro).
El gobierno zelayista se obliga a otorgar la explotación a alguna empresa y, segundo, los primeros análisis están listos a 90 días de iniciarse la investigación. O sea que si el buque Falcon Explorer arranca en Marzo, para Junio produce ya resultados [algún informe preliminar debió estar accesible en Mayo]. En Junio sucede el golpe de Estado, exacto a tres meses. ¿Se percibe alguna relación?
Para acrecentar la sospecha sobre intereses particulares, y conforme a la edición del citado diario, Gustavo Coronel, ex-miembro del Consejo de Petróleos de Venezuela, Pdavsa, afirmó que “lo peor que pudiera pasar a Honduras en este momento es que Petróleos de Venezuela logre explorar y explotar”. O sea que ya existía, a nivel de cúpulas inversionistas y empresariales, temor de que, hallándose petróleo en Honduras, a cualquiera escala de calidad, la concesión se diera, por factores políticos, a Pdvsa.

PROBAR Y CERTIFICAR YA SON VERBOS POLÍTICOS
Cláusulas del Convenio hondureño con PGS (que esta redactó pero que revisó el costoso asesor Robert Meyerling) obligan a que tal compañía provea al Estado información fidedigna sobre reservas “certificadas” (de acuerdo al Act. 404 de la Ley Sarbanes Oxley, de EUA, 2002), o sea reales de petróleo, no sólo en torno a reservas potenciales o “probadas” (medio especulativas). Dice Fernando Travieso Lugo que las mega empresas cotizantes a Bolsa se obligan a sustentar su producción en reservas “certificadas”, muy superiores a los flujos de caja de estados contables (medio entre “tener y querer tener”). De allí que PDVSA sea la empresa más sólida del planeta ya que posee la mayor reserva de petróleo del mundo ––la faja del Orinoco dispone en total de un billón trescientos sesenta mil millones [1 360 000 000 000 000 000] de barriles de petróleo “certificados”. Hablamos de que posee más de lo que el hombre consumió desde su primera flama petrolífera, en 1859, hasta hoy.
Cuando se conoce esto se comprende el por qué de la rabiosa campaña concreta y mediática en contra de Hugo Chávez, a quien se acusa de todo pero cuyo gobierno ha estatuido rígidamente que el petróleo de Venezuela es y será siempre exclusivo beneficio para venezolanos e iberoamericanos… No de lucrantes compañías internacionales o transnacionales reservas remanentes de petróleo dado que el debilitamiento de las alianzas que el gobierno bolivariano ha establecido en Latinoamérica, y en especial por medio del ALBA, es objetivo estratégico en concordancia con el ideal neoconservador republicano y el liberal demócrata de
evitar la aparición de potencias de índole regional y de debilitamiento sistemático de la capacidad defensiva de los países con reservas de petróleo, o que constituyen vías de paso de hidrocarburos, como ejemplifican Iraq, Afganistán, Ucrania, Sudán, Somalia, Franja de Gaza, Bolivia, otros”.
De allí que la primera medida anunciada por el gobierno usurpador de Micheletti fuera designar a una comisión congresional que sacara a Honduras del ALBA, pues se parte del principio de que las inversiones petroleras significativas no deben ser negociadas con gobiernos de corte “latinoamericanizado”, tipo ALBA, a los que se debe más bien deponer y exiliar a sus líderes. “No hay negocio sin devoción” aseveraría Micheletti.

PROLONGADA ILUSIÓN
Hay registros coloniales que tratan sobre brotes de óleos y betúmenes azufrados en las superficies de Honduras, particularmente tras sacudidas telúricas (para el sector Comayagua ver obras del historiador Mario Felipe Martínez). Tempranas búsquedas petroleras se dieron concluyendo la segunda guerra del mundo ––detesto escribirla en mayúscula–– cuando, según leyendas más que ciencia, científicos alquilados, que frecuentemente lo son, aperturaron en secreto pozos costeros luego de calibrar sus potencialidades de producción. Se informó no haber cantidades comerciales, lo que se dudó nacionalmente pues ciertos pozos prospectivos de 1945 fueron sellados ––se les ve todavía desde el aire–– para oportunidades guerreras, como al parecer ocurriría contra Corea y Rusia. La leyenda, otra vez, afirma que se les dejó como reservas norteamericanas para eventualidad de contiendas.
En 1980 empresas foráneas perforaron 31 pozos en costas de Mosquitia, donde se localizó petróleo grado 38.1, fluido dentro de 30 kilómetros al noreste de lo que es hoy Departamento de Gracias a Dios; a la zona se llamó Mai Cape. Fue exploración autorizada a Union Oil, que localizó abundante gas natural al corte del Paralelo 15, propio para industria, región que disputaba sin consistencia legal Nicaragua.
Durante el gobierno de R. L. Callejas (1990-1994) se anunció haber petróleo pero en escasa cantidad comercial. En 1996 expertos del Instituto de Geofísica de Japón iniciaron comprobaciones, concluidas en 1997, de las que se ocultó resultados. En Agosto 2008 ––exacto un año previo al golpe–– se autorizó a una compañía de Alternativa Bolivariana para las Américas –CALBA– para “buscar petróleo en aguas hondureñas del Caribe”, según documento firmado por Honduras al adherirse a esa iniciativa y divulgado por EFE el martes 26 de Agosto de 2008. La declaración conjunta acuerda la “prospección y producción petrolera en el Caribe hondureño”, entre otras formas de “cooperar de manera inmediata” y en “demostración solidaria” con Honduras. Obsérvese el curioso y rarísimo índice de “manera inmediata”
exhibido por el comunicado. Cierto clima de urgencia se percibe. Asevera este, además, que “la empresa gran-nacional de Energía, Gas y Petróleo de ALBA efectuará estudios correspondientes, y que bajo coordinación del Estado hondureño podrá desarrollar el plan de producción y comercialización”, según noticia publicada por diario local “Tiempo” el mismo día. Nadie conoció entonces ni ahora dicho plan.
El gobierno de Zelaya jamás divulgó los documentos suscritos ese lunes 25, que tampoco fueron leídos durante el acto, celebrado en multitudinario predio junto a Casa Presidencial: asistieron Hugo, Evo, Ortega, Alarcón, otras importantes figuras políticas internacionales. “Fuentes de la Presidencia hondureña dijeron a Acan-Efe que ‘por el momento’ no se distribuirán los documentos, pues ‘no hay instrucciones para eso’ ” (cable de Efe).
Arribamos por ende a encrucijadas: aún no hay datos conocidos sobre hallazgos realizados por la compañía noruega ––lo que es de importancia estratégica y nacional––, pero de súbito surge del cielo Pvdsa, a la firma del ALBA; lógico es suponer por tanto que alguna sopa se cocina dentro. La política interna de Pvdsa recomienda que el Estado tenga control absoluto de la actividad petrolera ––60% mínimo en paquetes accionarios–– como socio estratégico, o máximo de 40% cuando haya presencia de terceros países o empresas. “La faja Orinoco” expresa el gobierno bolivariano “es epicentro energético mundial, y Venezuela potencia energética del mundo”. Ninguna de ambas situaciones gusta a las transnacionales petroleras.

TRANSNACIONALES
Contra tales iniciativas nacionalistas lucharon las compañías Chevron, Exxon Mobil y Shell, así como la local Dippsa, desde Mayo 2007, cuando Zelaya inició un intenso debate orientado a sustituir el tradicional esquema de importación y manejo de combustibles, en manos de las citadas empresas, por uno de control nacional.
Fue cuando los geólogos Aleskesei E. Kontorovich, Michael D. Belonin y Leonid F. Khilyuk revisaron la documentación existente y con pruebas científicas comunicaron a SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente) que hay cuantiosos yacimientos petrolíferos (con reservas de tres billones de toneladas “probadas”, de las que se puede explotar siete mil toneladas al año) en las cuencas de Tela y Mosquitia, costa Atlántica de Honduras, los que se extienden dentro de Nicaragua. Un cálculo elemental determina que eso significa “negocios por unos 8000 millones de dólares. La inversión básica ascendería, según los rusos, a alrededor de cien millones de dólares para exploración y perforaciones de pozos en la plataforma continental”. El área entre Tela y La Mosquitia comprende 150 mil kilómetros cuadrados y en ella se determinó la presencia de petróleo bajo en azufre y por consecuencia liviano, circunstancia que facilita su extracción.
La II Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la ALBA fue curiosa. Zelaya nunca la anunció como tal sino como visita de mandatarios sudamericanos y caribeños solidarios con su gobierno, hasta que el comunicado final declaró ser efectivamente una cumbre. Ni Zelaya ni Chávez mencionaron en sus discursos la materia del petróleo, si bien el convenio de adhesión suscrito toca el tema en forma amplia.
Cualquier arreglo que se haya dispuesto en forma pública o confidencial debió ser eminentemente político. En 2008 Honduras incrementó su factura petrolera de consumo significativamente: US$. 800 millones más que en 2007, con lo que la necesidad de localizar petróleo se incrementó. Según Lucy Bú, Directora de la Comisión Administradora de Petróleo (CAP), la compra de combustibles en 2008 ascendió a dos mil millones de dólares, mientras que en 2007 alcanzó los mil 200 millones de dólares” (diario@elheraldo.hn).
La oportunidad de noticias frescas dadas por la exploradora noruega, el dictamen de los técnicos rusos y la suscripción del convenio con la ALBA acumularon momentum: Honduras estaba lista para profundizar la nacionalización de su “política” petrolera más allá del limitado rubro de los combustibles, es decir hasta la exploración y la concesión. Según Tomás Vaquero, entonces ministro de Recursos Naturales y Ambiente ante Diario La Prensa (29.03.09), Pdvsa estaba presta para asumir su papel innovador constituyendo una empresa “gran-nacional”, propiedad de los países miembros, para la nueva etapa planificada.
Y si bien habría competencia de proyectos originales por parte de Chevron, Pemex y Petrobras, allí es donde ingresaba el factor político, que daría a la venezolana millas de ventaja en la distribución del pastel.

EL GOLPE NEGRO
Entre los documentos confiscados al presidente Zelaya la mañana del 28 de Junio había uno que destacaba por voluminoso y por su membrete verde: Petroleum Geo Services, PGS. Preliminar Report, de 22 a 40 páginas, formato carta y refrendado con sello manual, esto es de tinta líquida, que resaltaba: “Confidential”. A los soldados que ingresaron al despacho en 07:52 horas de ese domingo les sorprendió que alguien hubiera “limpiado” ya el sitio: no había presencia hostil ni civiles con armas, excepto la caja fuerte cerrada y una nota manuscrita del Secretario Privado, Jacobo Lagos, que lucía sospechosa: “Presidente”, alertaba “los datos de este informe son halagantes y reveladores”. Halagante es palabra rara del idioma español.
Desde luego que para conseguir una copia de tal informe no se ocupaba una operación compleja y grande como un golpe de Estado, pero sí para desactivar las alianzas de negocios oficiales que el presidente Zelaya había establecido en semanas anteriores, y a las que se agregaba ciertos resentimientos políticos. Un año antes Zelaya había incomodado a Exxon y Chevron al ocuparles sus terminales, mientras que Dipssa tuvo que recurrir a astucias legales, y a sus buenos contactos dentro de la Corte Suprema de Justicia, para que el Estado no le confiscara, o a lo menos le comprara en “justiprecio”, sus instalaciones operarias decombustible; el caso permanece sin fallar. De la misma forma, y al ascender velozmente el precio internacional del barril del petróleo (US$. 147.oo/barril, Junio 2008), Zelaya propuso implantar un sistema de ahorro vial nominado “Hoy no Circula”, semejante a los de “Pico y Placa” colombiano y “Número Par” costarricense, este último demandado por los mismos conductores ya que extrae 50 000 automóviles diarios de la circulación. “Hoy no Circula” fue atacado con 27 demandas de suspensión inmediata, incoadas por abogados de empresas privadas y del opositor Partido Nacionalista, e igualmente vencido en instancia judicial con un poco de ayuda, otra vez, de la Corte Suprema de Justicia. Lo que significa que todos los recursos del gobierno para economizar combustibles y energía se estrellaban ante la indiferencia colectiva y las argucias legales disfrazadas como denuncias de irrespeto a la constitucionalidad. Sólo había un sector al que convenía que no se racionara combustibles, y es innecesario nombrarlo.
El rencor por esos intentos debe haberse incrementado a escalas de encono por las “atrevidas” declaraciones de Manuel Zelaya cuando lo visitara el Subsecretario de Estado John Negroponte, en Junio 2008. Negroponte, que recorrió los países del triángulo Norte de Centroamérica –Guatemala, Honduras, El Salvador–, fue recibido en Honduras con protestas, obviamente consentidas por el gobierno a causa de la práctica criminal del norteamericano cuando fuera embajador en Tegucigalpa, entre 1981 y 1985. Con obvia emoción en la voz, como si hubiera aguantado 25 años para balbucir aquello, Zelaya advirtió al Subsecretario
Negroponte que la región vivía un nuevo contexto y que Honduras no era el mismo país que en 1980, debido a que sus gentes habían desarrollado amplia tolerancia y apertura para con el sistema democrático. “La Centroamérica que usted visita” dijo “no es la misma que durante la guerra fría, cuando se entrenaba a los ejércitos para violar derechos humanos de las personas por causas ideológicas. Hoy” insistió “ponemos énfasis en la paz y la democracia y nunca más en las doctrinas de la seguridad nacional”. Negroponte no sonrió, ni siquiera diplomáticamente. Tampoco, sin duda, olvidó la afrenta.

PETROLERAS Y ALBA
Lo grave, empero, fue que Honduras se integrara a la red geopolítica de influencia de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) impulsada por el presidente Hugo Chávez, y que comprendía a la vez la asociación del país con la empresa Petrocaribe de la República Bolivariana de Venezuela.
La ALBA se caracteriza por impulsar empresas tipo “gran-nacionales” –bi o multinacionales– que son propiedad de sus países miembros, no de trasnacionales capitalistas, para explotar y administrar petróleo y productos derivados del mismo, tal como lo atestigua el convenio de
adherencia suscrito en Tegucigalpa. Un año más tarde la cuota de suministro de petróleo venezolano a Honduras era de 20 mil barriles diarios de hidrocarburos. Al transcurrir el tiempo y aproximarse el momento en que la contratista noruega Petroleum Geo Services debía aportar un informe primero, en Junio 2009, y cuando debía iniciarse los trámites para el pitazo inicial, el nerviosismo se apoderó de las trasnacionales. El entonces viceministro de Recursos Naturales y Energía, Valerio Gutiérrez, asistió por la época a un seminario titulado “Sí hay petróleo en Honduras”, celebrado en Houston, Texas, que contó con representantes de 17 compañías del mundo “pendientes de las concesiones que Honduras estaría haciendo en los próximos meses”. En realidad no se otorgarían concesiones sino permisos de exploración y posteriormente se autorizaría la explotación en caso de encontrarse hidrocarburos. O sea que restaba mucho por andar previo a clamar ¡eureka!
Y el nerviosismo no era por los riesgos de perder al ajedrez energético de Centroamérica ––que no sería escaso pero tampoco fenomenal–– sino por la cercanía del lobo que rondaba. Del lobo bolivariano, que otro podía ser, personalizado en la alianza de Chávez con Zelaya, capaz de condicionar, según las petroleras, expertas en ello, la asignación de la concesión, manipulándola o falseándola políticamente. Coronel, el contrachavista ex-miembro de Petróleos de Venezuela, corrió a denunciar esa posibilidad ante los medios de comunicación: “está el peligro de que se asigne la licitación a una empresa por razones que no sean de naturaleza técnica y financiera”. El bloque constituido por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Antigua y Barbuda, Honduras y San Vicente y las Granadinas, desde luego que procuraría que fuera la ALBA la que se hiciera con la autorización, a fin de fortalecer su composición estratégica, recaudar mayores recursos para proyectos sociales, combatir a las transnacionales imperiales e instaurar en América nuevos conceptos y frescos equilibrios de democracia, justicia económica y dignidad humana.Para conjurar ese alto riesgo intermediarios de Chevron, Exxon Mobil y Shell debieron comisionar a militares, políticos y financistas hondureños ejecutar con brevedad quirúrgica, aunque igual lo hicieron con torpeza, la operación del golpe, probablemente el inicial petrolero y el debutante para la clase empresarial de América en el siglo presente. Si este tiene triunfo habrá muchos otros triunfos más; si este falla será inevitable una recomposición de las potencias energéticas del mundo, donde el protagonismo de Latinoamérica, y luego de otras regiones tercermundistas, impondrá una moderna ética, nuevas ideas de gobierno societario pero, particularmente, a la negociación —y no a las guerras ni los golpes de Estado— como
fórmulas consuetudinarias de paz. Tanto es lo que se decide hoy en Honduras que no se puede descansar un minuto hasta no ver —y hasta no contribuir— a su buen final.

Fuente: nuestraamerica-hoy.blogspot.com

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Carteles para la Marcha de la Resistencia del 27 de Enero del 2010.

GOBIERNO DEL PRESIDENTE JOSE MANUEL ZELAYA
INFORME PRELIMINAR SOBRE EL GOLPE DE ESTADO

CONSIDERACIONES GENERALES.-

El Gobierno de la República de Honduras, presidido por el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, por este medio informa oficialmente al pueblo hondureño y a la comunidad internacional  sobre las causas y motivaciones que provocaron el golpe de Estado ejecutado por las fuerzas militares el día 28 de Junio de 2009.

Honduras. Una sociedad desigual

Honduras la tercera economía más pobre de América Latina, es la sociedad con los mayores grados de desigualdad del continente americano. Un pequeño grupo de familias, casi todas de origen árabe acaparan el 90% de la riqueza nacional.

Esta oligarquía se apoderó de los bancos, de los centros comerciales, de las empresas que generan energía, de las concesiones de aeropuertos, de las  telecomunicaciones, de los periódicos, de las radios y las televisoras, de las administradoras de crédito, negocios de equipos de fútbol, comidas rápidas, maquilas, de la dirección de los partidos políticos y de algunas iglesias.

Mediante  privatizaciones amañadas se han apropiado de los recursos naturales, de los servicios públicos y de los servicios financieros. Ahora, con el golpe de Estado están a su servicio los tres poderes del Estado.

Congreso Nacional e instituciones del Estado crean régimen de privilegios para la oligarquía

El Congreso Nacional a raíz del ascenso al poder del ex presidente Flores Facussé se ha prestado al juego de este pequeño grupo oligarca creando un régimen de privilegios con concesiones, exoneraciones y exenciones fiscales, para no pagar   impuestos y debilitar el Estado con una bajísima carga tributaria, apenas un 14%.

Esta oligarquía financia las campañas de los partidos políticos, de los candidatos a la presidencia, de diputados y alcaldes de la principales ciudades, tienen el control del 90% de los más poderosos medios de comunicación, compran sus conciencias, operan como dueños del Congreso Nacional y a través de éste  nombran a sus abogados y empleados como operadores de justicia y organismos contralores del Estado: Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y Fiscal Adjunto,

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y Procuradora General de la República, en conclusión, todos les pertenecen y todos les obedecen.

El Golpe Militar en Honduras es el retorno al fascismo de Estado y se ha nombrado como Jefe Usurpador al político más desprestigiado y repudiado de toda la historia política de Honduras, Roberto Michelleti Baìn y como Ministro Asesor al siniestro miembro del Escuadrón 3-6, acusado de desapariciones y torturas en la década de los años 80s, Billy Joya Améndola.

Logros del Gobierno del Presidente Manuel Zelaya

Paradójicamente el Gobierno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales obtuvo los indicadores de mayor éxito de todos los gobiernos democráticos instaurados desde 1980, logró el mayor crecimiento económico con índice del 7% en los  años (2006-2007) la mayor inversión extranjera, el menor endeudamiento, la mayor inversión pública, pero sobre todo la más significativa e importante reducción de la pobreza en toda la historia del País, lo que constituye, sin duda, su mayor logro. Todo esto sin haber establecido o incrementado nuevos impuestos o tributos.

La matrícula gratis, la merienda escolar, el bono solidario, la reducción del precio y el subsidio de los combustibles, la aplicación de la norma de los 60° para la comercialización del combustible, el rescate de las empresas públicas: ENEE y HONDUTEL; la baja en la tasa de interés bancario, el bono tecnológico agrícola, la sustitución gratuita de bombillos ahorradores de energía, los programas masivos de alfabetización, el financiamiento a la microempresa, la veda en el corte del bosque, la prohibición de la minería a cielo abierto, la energía eléctrica gratuita para las 700 mil familias más pobres del País, el rescate de la Base Militar de Palmerola para un aeropuerto civil, el incremento de las reservas internacionales, la oposición a la devaluación de la moneda (lempira) frente al dólar, la incorporación a PETROCARIBE y a la ALBA y el incremento en un 60% del salario mínimo a toda la clase trabajadora, alcanzando de $ 150 a $230 dólares americanos al mes; son sólo una muestra de las acciones del Gobierno en beneficio del interés nacional y sobre todo de los más pobres.

Propuesta del Poder Ciudadano

Nuestra propuesta política de Poder Ciudadano incorporó formas inéditas de participación para los hondureños y las hondureñas: asambleas permanentes del Poder Ciudadano en diversas localidades del País, puertas abiertas y presencia permanente en Casa de Gobierno de los sectores sociales, inclusión y acompañamiento de organizaciones y personalidades en el análisis y solución de problemas nacionales.

Finalmente, considerando las inconsistencias y limitaciones existentes en la Constitución de la República y la Ley Electoral, que restringe con la ley del Plebiscito y Referéndum derechos constitucionales de los ciudadanos, este Gobierno aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Participación Ciudadana, procedimos al primer gran ejercicio masivo de participación ciudadana a través de la realización de una encuesta, cuyos resultados no eran vinculantes.

La encuesta tenía por objeto que expresáramos si estábamos o no de acuerdo en que se instalara una cuarta urna el día de las elecciones generales (29 de noviembre de 2009). En caso de obtener una respuesta mayoritaria para el sí, se enviaría al Congreso Nacional un proyecto de ley que regularía la instalación de la cuarta urna para que el pueblo se pronunciara si estaba o no de acuerdo que el próximo gobierno convocara a una Asamblea Nacional Constituyente, como un ejercicio pacífico y sobretodo democrático orientado a darle participación efectiva a los ciudadanos en la toma de las decisiones más importantes del país.

Porqué  el golpe de Estado?

Los “dueños” de Honduras no vieron con buenos ojos un Gobierno que se salía de su “control” y que no se dedicaba a velar por sus intereses y perpetuar sus privilegios, sino que a dar oportunidades a los más pobres y a proponer en Honduras un plan de desarrollo con procesos y mecanismos de democracia directa. Estas familias no entendieron el mensaje y no pudieron contener su ira a las palabras del pueblo:“Mel es el unico presidente que nos ha ayudado, que se ha acordado de nosotros, que ha defendido a los mas pobres”.

Desataron una guerra sucia, atroz y sin tregua contra el Gobierno del Presidente Zelaya, con sus medios de comunicación, sus sirvientes, sus organizaciones, sus empresas y todos sus recursos, inventaron y repitieron mil veces sus mentiras: que el Presidente Zelaya quería perpetuarse en el poder, que quería reelegirse, que estaba entregando el País al comunismo y que quería dar golpe de Estado, entre otras.

A pesar de su férreo control mediático y sus recursos económicos ilimitados, los « dueños de Honduras » no pudieron  combatir con ideas, con razones, ni con medios pacíficos las propuestas de participación ciudadana, de allí que tomaron la peor decisión: usar la fuerza bruta, la violencia, la barbarie y sumir a Honduras en la noche oscura de un golpe de estado militar.

Después del golpe militar, dirigido por estos dueños de Honduras y sus políticos títeres, después de haber desterrado por la fuerza de las armas al Presidente electo por el pueblo y a su Gabinete, han continuado su guerra, tratando de desprestigiar todas las acciones ejecutadas en favor de la participación ciudadana en la democracia hondureña.

Como amos y dueños de los titulares de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Electoral, de la Procuraduría General de la República y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, les han ordenado que inventen cargos y acusaciones de todo tipo, que van desde traición a la patria, abuso de poder, corrupción, faltas administrativas, etc. y, sin seguir ni los más elementales pasos del debido proceso, ni mucho menos permitir el sagrado derecho de defensa a los perseguidos; se han librado numerosas órdenes de captura contra el Presidente de la República y varios de sus Ministros.

Mientras tanto, los criminales y responsables del Golpe de Estado continúan impunes en el País, cometiendo crímenes de lesa humanidad contra un pueblo que se mantiene en resistencia pacífica y está desarmado, respondiendo sólo con su honor, con su dignidad y con su sangre su incansable voluntad por el retorno al orden constitucional.

Crímenes impunes

El Pueblo Hondureño no se engaña, sabe muy bien quiénes son los que se han apoderado del País usando métodos criminales, convirtiéndose en dueños de todo, los mismos que han vendido la Patria para incrementar su fortuna, los mismos ladrones, los del “chinazo”, los del “gasolinazo”, los del tráfico y compra de armas, quienes se han apoderado de los fondos del Congreso Nacional para hacer sus campañas políticas y que ahora le han robado al pueblo su soberanía su derecho a elegir democráticamente, en las urnas, a su Presidente; ellos son los que tienen reprimido al pueblo, los responsables de los hondureños desaparecidos y asesinados, los que han quebrado bancos, los que trafican con medicinas, con drogas, con combustibles y con influencias. Y continúan impunes.

AUTORES DEL GOLPE DE ESTADO. CATEGORIAS.-

Primera Categoría: En esta primera categoría están los autores intelectuales y financistas del Golpe de Estado.

A) El ex Presidente Carlos Roberto Flores Facussé, propietario del diario La Tribuna y socio activo a través de testaferros de varias empresas y  cuyos colaboradores políticos de años son los ejecutores del golpe.

B) Jorge Canahuati Larach propietario de los Diarios El Heraldo y La Prensa, miembro influyente de la Asociación privada de 3 dueños de Medios de Comunicación.

C) José Rafael Ferrari, propietario de Emisoras Unidas y Televicentro,

D) Ricardo Maduro, ex Presidente de la República, propietario de bancos, centros, tiendas comerciales y medios comunicación

E) Camilo Atala, banquero y principal accionista de varias empresas internacionales y Banco Fihcosa.

F) Freddy Nasser, Presidente y principal accionista del Grupo Terra, y del sector de generación de energía por quién recientemente el Poder Ejecutivo vetó la reforma a la ley de incentivos a la generación de energía limpia, que contenía un artículo que otorgaba un beneficio de cerca de 50 millones de dólares sólo al señor Nasser.

G)Arturo Corrales Álvarez, propietario de concesiones en el sector energía, socio del ex presidente Carlos Flores y su principal negociador en cada acción que se propone ejecutar.

H) Compañías transnacionales de los combustibles.

• Las figuras centrales del golpe en el plano político de esta categoría son: el Candidato del Partido Liberal ELVIN ERNESTO SANTOS (cuyo Edecán de apellido Pacheco, participó en el asalto a la residencia el 28 de junio de 2009 a las 5:10 am1). Su principal asesor es el ex Presidente Flores Facussé, y en el Partido Nacional Porfirio Lobo Sosa.

• Sin el visto bueno de los indicados candidatos toda la conspiración para semejante acto criminal contra el sistema democrático, hubiese resultado imposible, ya que ellos conspiraron junto a sus bancadas de diputados para que ilegalmente se destituyera al Presidente Zelaya y se nombrara en su lugar al dictador  Michelleti.

Segunda Categoría: En la segunda categoría figuran autores materiales militares y políticos:

A) Roberto Michelleti, Presidente del Congreso Nacional, que se autodenominó “Presidente Constitucional”, sin tener ninguna atribución para ello. Este señor es un veterano colaborador e incondicional del ex Presidente Flores Facussé.

B) Luis Alberto Rubí Avila actual Fiscal General del Estado, recién nombrado por Roberto Michelleti en el Congreso Nacional y antiguo colaborador e incondicional del ex Presidente Flores Facussé.

C) Roy Urtecho, actual Fiscal general Adjunto, recién nombrado por el Congreso Nacional, fue propuesto por gestiones directas de la señora Vilma Cecilia Morales ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ex empleada de Roberto Michelleti en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

D) Jorge Alberto Rivera Avilez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, recién nombrado por el Congreso Nacional y antiguo colaborador directo del ex presidente Flores Facussé.

E)Tomás Arita Valle, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, recién nombrado por el Congreso Nacional y antiguo colaborador e incondicional del ex Presidente Flores Facussé.

F) Ricardo Álvarez, Presidente del Partido Nacional (principal partido de oposición) y Alcalde de la Ciudad Capital. Es a la fecha el promotor y financista de las denominadas “marchas por la paz” en donde tiene incorporados a los mas de tres mil empleados de la Alcaldía Municipal.

G) Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, actual Cardenal de la Iglesia Católica, quién avaló públicamente y a través de un comunicado, la salida violenta del Presidente, argumentando que “para que no hubiera un derramamiento de sangre”.

H)Todos los diputados y diputadas al Congreso Nacional,  que el día 28 de junio no fueron convocados para condenar el secuestro y extradición ilegal del Presidente de la República, sino para aprobar el Decreto Legislativo ilegal, a través del cual se “legalizó” el golpe de estado militar y sin tener atribuciones procedieron a “nombrar constitucionalmente” a Roberto Michelleti.

I) Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

• Ejecutores materiales (militares):

A) General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto;

B) General Miguel Ángel García Padgett, Jefe del Ejército, quién públicamente ha manifestado que “con la acción ejecutada se detuvo el comunismo de Venezuela hacia los Estados Unidos”.

B) General Luis Javier Prince Suazo, Jefe de la Fuerza Aérea.

C) Contra Almirante Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Fuerza Naval.

D) Daniel López Carballo, Ex Jefe del Estado Mayor Conjunto durante el Gobierno del ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé, y

E) Billy Joya Améndola, ex militar procesado por violaciones a los derechos humanos en la década de los 80, desapariciones de personas, torturas y asesinatos extrajudiciales, actual asesor de seguridad del señor Roberto Michelleti Baín.

Tercera Categoría: Esta categoría está constituida por las transnacionales del combustible y los exportadores, quienes insistieron en su beneficio, en revertir el proceso de reformas a la fórmula de paridad de los combustibles y a la eliminación de la ley de los 60º. Así como en la devaluación del lempira frente al dólar.

ROMPIMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL. VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE TODOS.

Asalto al domicilio, secuestro y destierro forzado del Presidente Constitucional Manuel Zelaya.

• El día domingo 28 de junio de 2009, aproximadamente a las cinco de la mañana (5:00 AM), el domicilio del señor Presidente Constitucional de la República fue violentamente asaltado por un fuerte comando del Ejército Nacional y paramilitares encapuchados. Los ejecutores del crimen ametrallaron los portones y la vivienda e inmediatamente ingresaron en la misma procediendo a amenazar al Presidente, apuntándole con armas de alto calibre, al punto de decirle que se entregara y que no hiciera oposición alguna. Igualmente le despojaron con violencia del teléfono celular que portaba, impidiéndole toda comunicación.

Al señor Presidente Constitucional no se le leyó ningún derecho, no se le dio ninguna información, no se le permitió comunicarse con su familia, no se le mostró ningún documento, no se le permitió vestirse y tan sólo fue objeto de las amenazas y la violencia por parte de los militares y paramilitares.

Posteriormente los criminales encomendados, procedieron a secuestrarlo y en ropa interior lo trasladaron hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía de donde aproximadamente a las 6:10 AM despegó el avión presidencial que lo condujo en compañía de militares encapuchados y armados, apuntando contra su persona y en contra de su voluntad, a la ciudad de San José, Costa Rica, haciendo antes una escala en el aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua. Luego de aterrizar en San José fue bajado en la pista y abandonado allí a eso de las ocho de la mañana del mismo día. El señor Presidente Constitucional de la República, fue auxiliado en el aeropuerto Juan Santamaría, lugar desde donde rindió sus primeras declaraciones sobre el hecho criminal de que fue objeto.

Posterior justificación de una causa sin juicio y sin debido proceso.

Conforme a los Convenios Internacionales de los que Honduras es signataria (Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), si el señor Manuel Zelaya Rosales cometió delitos tenía que ser juzgado con las formalidades que establece la Constitución de la República, las demás leyes nacionales y los tratados internacionales.

El artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras garantiza el principio o presunción de inocencia al establecer que: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Asimismo el artículo 90 del mismo cuerpo legal dispone que: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Lo ocurrido el 28 de junio de 2009, viola además de las disposiciones constitucionales anteriores, los artículos 68, 69, 71, 94 y 102, entre otros, de nuestra Constitución.

Por otra parte, el Código Procesal Penal como norma adjetiva establece en los artículos 417 y 418,  la forma y el procedimiento especial para juzgar los altos funcionarios del Estado, quiénes como consecuencia de una reforma constitucional no gozan de ninguna inmunidad pero sí de que los juicios en su contra se ventilen ante un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia designado como Juez Natural.

Todas las violaciones a la Constitución y ordenamiento jurídico vigente son de público conocimiento y los autores de las mismas, en un Estado con una institucionalidad sólida, debieron ser detenidos en flagrancia o al menos se les debió iniciar procesos de oficio por las autoridades competentes, no obstante esto no ha ocurrido por la falta de independencia y los compromisos políticos asumidos por los titulares de las instituciones que han sido nombrados por el Congreso Nacional.

Así por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia el domingo 28 de junio de 2009, en Conferencia de Prensa hizo saber que no había librado ninguna orden de captura en fecha 28 de Junio de 2009. Por su parte el Ministerio Público también el domingo 28 de Junio de 2009, no había presentado ningún requerimiento fiscal contra el Presidente ZELAYA ROSALES; sin embargo ahora afirma que presentó requerimiento fiscal antes del 28 de Junio de 2009 y la Corte Suprema de Justicia ahora dice que sí libró orden de captura contra el señor Presidente.

Por regla general y con base en el principio de última ratio, así como de conformidad con los principios que rigen el debido proceso legal, la imputación de un delito  debe ser notificada a quién se presume responsable de la acción, con el objeto de que comparezca a una audiencia en la que se informan los cargos en su contra; sólo en casos excepcionales, se puede librar orden de captura sin haber agotado este procedimiento. Formalmente y a posteriori aparece un expediente judicial que fue sustanciado por el Magistrado designado por la Corte Suprema de Justicia (Tomás Arita Valle), cercano colaborador del ex presidente Carlos Flores Facussé. Según estos documentos posteriores se ordenó la captura del señor Presidente el día 26 de junio de 2009 y también se ordenó el allanamiento de su domicilio, mediante un auto (resolución) que en tratándose de poner en juego una garantía constitucional (inviolabilidad del domicilio), evidencia que el señor Magistrado no tiene ni los más elementales conocimientos en derecho constitucional y menos en derecho procesal penal o en su defecto que en la ligereza por legalizar a posteriori la acción criminal, no les dio tiempo de estructurar legalmente sus resoluciones.

Renuncia Falsa del Presidente.- Delito de Falsificación de documentos  públicos.

El congreso Nacional, el día 28 de junio de 2009, convocó a sesión de urgencia, no para condenar lo que le había ocurrido al Presidente electo por la mayoría del pueblo hondureño, no para condenar la violación flagrante de todos los artículos constitucionales referidos a las garantías fundamentales de todo ciudadano (allanamiento ilegal a su vivienda, secuestro, extradición, etc.), sino para “sustituir constitucionalmente” al Presidente, sin ninguna facultad para ello.

Como un delincuente común, el Secretario del Congreso Nacional José Alfredo Saavedra, una  vez que estaba seguro del secuestro y expulsión violenta del Presidente al hermano pais de Costa Rica,  procedió a dar lectura a una carta de renuncia falsa, cometiendo con ello el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, puesto que se fingió la firma del Presidente en una nota con un contenido también falso y desmentido el mismo día de su lectura (domingo 28 de junio 2009) casi de forma inmediata, por el propio Presidente desde la ciudad de San José en Costa Rica8.

Siendo evidente que el señor Presidente de la República no  renunció a su cargo, y por ende no firmó tal carta, como efectivamente él mismo lo afirmó desde Costa Rica, no hay duda que quiénes hicieron uso del documento en la sesión del Congreso Nacional, incurrieron en el delito de falsificación de documentos públicos y su conducta no debe quedar impune especialmente por la alta representación que en nombre del pueblo ejercen. Fue especial la conducta observada en la Diputada por el Departamento de Francisco Morazán, MARCIA FACUSSE DE  VILLEDA (pariente del ex presidente Carlos FloresFacussé y del empresario de la energía térmica Fredy Nasser. Nuera de Manuel Villeda Toledo, quien es socio de Rafael Ferrari dueño de Televicentro), quién afirmó en la cadena internacional de noticias CNN, que el Presidente Zelaya y “todo su gabinete” habían renunciado y que creía que la renuncia había llegado vía fax.

La comunicación del señor Presidente Constitucional de la República, desde la ciudad de San José, Costa Rica, para el mundo entero, fue a través de la Cadena CNN con la periodista Glenda Umaña, ante la cual desmintió la supuesta renuncia, manifestando que nunca había renunciado, lo cual es obvio, pues es un hecho notorio que horas antes de darse a conocer la supuesta renuncia, el señor Presidente había sido secuestrado y expulsado ilegalmente del  país.

Decreto Legislativo destituyendo al Presidente Manuel Zelaya sin sustento constitucional ni legal.- Aberrante precedente que no debe quedar impune.

Como dio resultado la acción criminal de presentación de la renuncia falsa, el Congreso de la República, dirigido por Roberto Michelleti y con la participación directa de la Junta Directiva y los diputados de las diversas bancadas, a excepción de los miembros del partido Unificación Democrática y de varios diputados del Partido Liberal; violando todas las normas constitucionales emitió un Decreto Legislativo a través del cual “formalizó” la segunda fase de la ejecución de la conspiración para el golpe de Estado. En resumen el indicado Decreto contiene el siguiente articulado:

Artículo 1. El Congreso Nacional, en aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 205 numeral 20 y 218 numeral 3), 242, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República, acuerda:

a) Improbar la conducta del Presidente de la República, ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, por la reiteradas violaciones a la Constitución de la República y las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales.

b) Separar al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del cargo de Presidente de la República de Honduras.

Artículo 2. Nombrar constitucionalmente al ciudadano Roberto Micheletti Baín, actual Presidente del Congreso Nacional, en el cargo de Presidente Constitucional de la República por el tiempo que falte para terminar el período constitucional que culmina el 27 de enero de 2010.

Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia el día de su aprobación por el Congreso Nacional.

Este hecho ejecutado por los Diputados al Congreso Nacional es constitutivo de varios delitos y materializa sin ninguna duda, el rompimiento del orden constitucional, ya que se suplantó la soberanía popular y se usurpó un poder público con la participación y la complicidad de los miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes fueron los encargados de cumplir la primera misión del día domingo 28 de junio de 2009, de secuestrar y expulsar del país al legítimo Presidente Constitucional.
Es cierto que de acuerdo con el artículo 205 numeral 20) de la Constitución, es facultad del Congreso de la República aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo; pero tal facultad de aprobación o improbación administrativa de la conducta, es eso « administrativa » y de ninguna manera habilita al Congreso Nacional, en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico, para que como consecuencia de la “improbación administrativa de la conducta”, separe del cargo mediante un decreto legislativo al ciudadano Presidente, (quién había sido violentamente secuestrado y expulsado del país por las fuerzas militares) y quién fue elegido hasta el 27 de enero de 2010, por el voto mayoritario del pueblo, haciendo uso de su soberanía.

Por otra parte si se permite sentar este odioso y delictual precedente del Congreso Nacional, significaría aceptar que como ese numeral 20 del artículo 205 les permite « Aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Procuraduría General del Ambiente, Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Registro Nacional de las Personas, instituciones descentralizadas y demás Organos Auxiliares y Especiales del Estado », sin ninguna limitante, sin ningún procedimiento establecido y sin ningún control institucional, este Poder del Estado que sin lugar a dudas tiene un carácter político, está en capacidad de romper plenamente la institucionalidad completa del país, así como de despedir (aunque no sea él el que nombre) a cualquier funcionario, cada vez que no le parezca  o no esté de acuerdo con la « conducta administrativa de un funcionario ».

Sumado a lo anterior, si la improbación de la conducta administrativa y la separación del Ciudadano Presidente se hace según el Congreso, por :  « … las reiteradas violaciones a la Constitución de la República y las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, quiere decir que a partir de ahora el Poder Legislativo actuará también como Ministerio Público y como Poder Judicial, investigando y juzgando la comisión de hechos, pero sobre todo violando uno de los más elementales derechos individuales: El Derecho de Defensa.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 235 de la Constitución de la República, la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo el Presidente, y éste debe ser elegido directamente (y no nombrado por el Congreso) por el pueblo por simple mayoría. De allí que el “nombramiento” mediante acuerdo o decreto legislativo, del señor Roberto Micheleti como “Presidente Constitucional” violenta lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución y reafirma o configura el rompimiento del orden constitucional.

Finalmente el artículo 242 de la Constitución de la República que sirve de respaldo al espurio Decreto Legislativo, se refiere a la “sustitución en sus funciones”, en caso de “ausencia temporal” del Presidente Constitucional y jamás a “nombramientos de Presidentes” por parte del Congreso, y menos a “separaciones”. Ambas acciones que tienen un relevante valor frente a la estructura constitucional de organización, seguridad y existencia misma del Estado, así como frente a la soberanía popular de la cual emanan los poderes que se ejercen por representación; constituyen una verdadera usurpación del poder constituido a quién ejerce la soberanía popular: EL PUEBLO.

Honduras y el mundo son testigos de que la ausencia del Señor Presidente Constitucional no fue una ausencia voluntaria, sino provocada por la violación de todos los derechos ciudadanos y por la ejecución de uno de los hechos delictivos de mayor vergüenza para la historia de nuestro país: el secuestro y expulsión ilegal en ropa de dormir, del Presidente Constitucional y Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras, por parte del alto mando militar dirigido por Romeo Vásquez Velásquez.

La participación del Fiscal General Luis Alberto Rubí, del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Magistrado Tomás Arita Valle en la conspiración para el golpe de Estado.

13 horas fueron suficientes para que los altos funcionarios del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia justificaran (a posteriori) el golpe de Estado, actuando como serviles ante quién hacía tan sólo unos meses les había nombrado: Roberto Michelleti. En 13 horas como tiempo máximo, utilizando su alta investidura, cubrieron con un manto de « legalidad » la trama que se venía gestando meses atrás y que fue denunciada ante el Ministerio Público por Andrés Pavón,  Presidente del CODEH ; obviamente sin darse cuenta y probablemente hasta sin sospechar, que uno de los participantes directos en el rompimiento del orden constitucional era precisamente el señor Fiscal General del Estado Luis Alberto Rubí Avila, incondicional y viejo amigo del ex presidente Carlos Flores Facussé. Los hechos nos imponen la obligación de revisar en el Ministerio Público, qué acciones concretas de investigación realizó el señor Fiscal General frente a una denuncia de la gravedad de la presentada por Andrés Pavón, que implicaba la burla de la soberanía popular a través de la fuerza y la violencia.

Cómo transcurrieron las 13 horas del día viernes 26 de junio de 2009, según el proceso construido a posteriori? Según el expediente construido a posteriori, o sea luego del golpe de Estado, la Corte Suprema de Justicia a través del Magistrado Tomás Arita Valle, recibió el requerimiento fiscal presentado por el Fiscal General Luis Alberto Rubí contra el Presidente de la República, el día viernes 26 de junio a las 11 :00 de la mañana y ese mismo día 26 (o sea en un lapso de 13 horas, si estimamos que el día 26 termina a las 12 de la noche) el Magistrado Supremo revisó la causa, estudió y constató los hechos imputados (comprobó la plena prueba del delito y el indicio de participación del Presidente) y sin más trámite remitió una nota al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas General Romeo Vásquez Velásquez. La nota contiene tres  mensajes importantes :

1. Que el suscrito o sea el Magistrado Tomás Arita Valle, ha sido nombrado como Juez Natural por unanimidad del pleno de la Corte.

2. Que se sirva por conducto de la autoridad que Vásquez Velásquez delegue, en capturar al ciudadano Presidente de la República de Honduras : JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES a quién se le supone responsable de los delitos de : CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO, TRAICION A LA PATRIA, ABUSO DE AUTORIDAD Y USUSRPACIÓN DE FUNCIONES en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras, lo anterior a raíz del requerimiento Fiscal presentado en esta Corte por parte del Ministerio Público.

3. Una firma ilegible al final, también de 26 de junio de 2009 (presumiblemente es o la firma del retiro de la nota o del recibido en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas).

• Puede apreciarse fácilmente : Que estamos ante el proceso más rápido de la historia fiscal y judicial de Honduras ya que en un término máximo de 13 horas (contadas a partir de las 11 de la mañana del día 26 de junio, hasta las 12 de la noche del mismo), el Fiscal General Luis Rubí presentó un requerimiento fiscal; la Corte convocó a sus 15 magistrados en pleno y designó a Tomás Arita Valle para que actuara como Juez Natural y éste ese mismo día libra la orden de captura y además envía también ese mismo día otra nota al Teniente Coronel René Antonio Hepburn Bueso en el Estado Mayor Conjunto, para que proceda « en el momento pertinente » a allanar la vivienda del Ciudadano Presidente de la República de Honduras y sin más motivación ni razonamiento indica la ubicación de la vivienda. Al no conocerse antes del 28 de junio la existencia de proceso alguno contra el Presidente, no hay duda que el mismo fue diseñado y elaborado posterior al golpe de Estado, como mecanismo de justificación del acto criminal.

Queda por responderse :

• ¿Porqué el denominado Magistrado dirige la nota de orden de captura a Romeo Vásquez Velásquez y la nota de allanamiento al Teniente René Antonio Hepburn ?

• ¿Porqué tratándose de una acción tan delicada donde estaba en juego la estabilidad democrática del país  y la figura presidencial, el alto magistrado no compareció ante el despacho del señor Presidente para informarle de los hechos y escuchar su declaración?

• ¿Porqué el requerimiento fiscal se presentó ante la Corte Suprema el día viernes y no antes?

• f) Después del golpe de Estado la Corte Suprema de Justicia dice: Manuel Zelaya Rosales ya no es Presidente y por tanto debe ser juzgado por la justicia ordinaria. Entra en el proceso la Jueza de lo Penal Iris Normandina ortiz.
Después de ocurrido el golpe de Estado, el alto Tribunal de Justicia de Honduras ya no a través del Magistrado TOMAS ARITA VALLE, sino de la Sala de lo Penal en pleno, se libró pronto del expediente judicial construido a posteriori y el día lunes 29 de junio de 2009 emitió una resolución en donde ni siquiera hace relación a las órdenes de captura y allanamiento que se dictaron en 13 horas y que dieron origen a la expulsión ilegal del país del señor Presidente, y tomando como consideración básica que « es de público y notorio conocimiento que el ciudadano José Manuel Zelaya ha dejado de ostentar la condición de presidente Constitucional de la República, resuelve : 1. Tener por presentado el requerimiento fiscal junto con los documentos que se acompañan, y 2. Remitir el presente requerimiento fiscal al Juzgado de Letras Unificado de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, para que se continúe con el procedimiento ordinario establecido en el Código Procesal Penal. Esta resolución ni siquiera se notifica, sólo se ordena un CUMPLASE.

Para sustentar esta decisión merece la pena preguntarse :

¿Revisó el alto Tribunal de Justicia (Sala de lo Penal) el Acuerdo emitido por el Congreso Nacional, en donde los diputados actúan como Tribunal de Sentencia?

¿Revisó el señor Fiscal General de la República el indicado Acuerdo del Congreso a través del cual se juzga, condena y suspende al señor Presidente, sin tener atribuciones ni facultades para ello?

En conclusión el Fiscal General de la República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia cumplieron su papel y ahora la Jueza de lo Penal Normandina Ortiz de Melara (esposa de un hermano de la exmagistrada de la Corte Suprema (período del Presidente Callejas) Ligia Melara de Andrade quién es amiga personal de Norma Regina de Callejas la exprimera dama.

Persecución política a los miembros del Gabinete y de líderes de grupos sociales y organizaciones de trabajadores.

-Criminalización de todas las conductas. Uso arbitrario del derecho penal, como primera ratio.-
Con algunas excepciones, los funcionarios públicos que integran el Gabinete de Gobierno están siendo perseguidos con mucha urgencia por el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas y algunos jueces del Poder Judicial. Los hechos que se les imputan no han sido ni siquiera comprobados, requisito exigido para una imputación; muchos de ellos (trascendidos con mucho sensacionalismo por los medios de comunicación que apoyaron el golpe) son hechos que ni siquiera están  dentro de la esfera de lo criminal. Al respecto existe sobrada jurisprudencia en los tribunales de Honduras, por ello este accionar sólo evidencia la feroz persecución política del régimen con el único propósito de desacreditar la función pública y apartarles del proceso de resistencia pacífica.

La conducta de los funcionarios públicos en relación con el manejo de los recursos del Estado, debe ser juzgada primero a nivel administrativo por el Tribunal Superior de Cuentas, que constitucionalmente es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos12 y que en este momento está también validando con su actuación, el nombramiento de particulares en los diferentes cargos, a propuesta del régimen golpista.

Los altos funcionarios del Estado, tienen derecho a un juicio siguiendo un fuero especial, denominado “Del Procedimiento para procesar a los Altos Funcionarios del Estado”, que a pesar de conservar tal calidad, pues no han renunciado, ni han sido destituidos por quién los nombró, no se ha aplicado.

Luego del golpe, el Ministerio Público, las instituciones del Poder Ejecutivo dirigidas por el señor Micheletti y el Poder Judicial, están procediendo de consuno acusando altos funcionarios y cercanos colaboradores del Presidente Zelaya, están librando órdenes de captura y utilizando los medios de comunicación golpistas para desacreditar y juzgar sin ninguna garantía y legitimidad, con meras falsedades, la función que desempeñaban.

Se ha acusado al Ministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, la Ministra de Finanzas Rebeca Santos, el Comisionado Vicepresidente Arístides Mejía, la Ministra Asesora en Materia de Energía Rixi Moncada; todos con orden de captura siguiendo el mismo procedimiento utilizado en contra del señor Presidente, es decir sin ser escuchados y sin que sus acciones sean meritorias de procesos penales, ni siquiera administrativos. Los golpistas haciendo uso del Poder Absoluto han logrado el objetivo de mantener alejados de la resistencia desde el día 28 de junio, a los principales colaboradores del Gobierno de la República presidido por Manuel Zelaya Rosales.

Las investigaciones realizadas por los organismos regionales e internacionales que se han hecho presentes al país han concluido que: “verificaron evidentes obstáculos para el acceso a la justicia, la limitación drástica a la libertad de prensa y atentados contra la libertad de expresión, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, los abusos por parte de fuerzas de seguridad y la falta de respuesta adecuada de los mecanismos de control del Estado. No solamente que las violaciones de derechos humanos no han sido judicializadas, sino que el aparato judicial se instrumentaliza para perseguir penalmente a decenas de manifestantes contra el régimen de facto”. “Han advertido igualmente durante sus entrevistas con diferentes autoridades del Estado, que se podría estar constituyendo el crimen de persecución política, de competencia de la Corte Penal Internacional, por la represión desatada de manera sistemática contra todos los simpatizantes del gobierno del Presidente depuesto José Manuel Zelaya”. La persecución fiscal es cada día mayor para todos los líderes sociales (obreros, campesinos, magisteriales) que están siendo detenidos y sin el mínimo de pruebas, acusados por el Ministerio Público y llevados casi inmediatamente a audiencias por delitos de terrorismo, traición a la patria, rebelión, sedición y otros, aunque hasta la fecha no haya un tan sólo imputado por los asesinatos, las violaciones y otros abusos a mujeres, las torturas psicológicas, las detenciones arbitrarias y las lesiones corporales ordenadas y ejecutadas por el régimen de facto.

La Canciller Patricia Isabel Rodas fue también objeto de secuestro por otro escuadrón militar y paramilitares de civil encapuchados que la sacaron de su casa de habitación el mismo día 28 de junio de 2009, mediante la fuerza y la violencia, apuntándole con armas de grueso calibre. Junto a los embajadores de las hermanas repúblicas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, fue agredida y trasladada a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa, en donde los militares la mantuvieron sola todo el día, en un cuarto obscuro y con llave, totalmente incomunicada, pero sobretodo sin informarle las razones de su secuestro; trasladándola después de las once de la noche del mismo día 28, en un avión del señor Miguel Facussé (pariente del ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé) hasta la ciudad de México en compañía de una funcionaria de la Embajada en Honduras de éste país. Esta acción de traslado, así como una serie de amenazas recibidas por la Canciller en el Salón Diplomático de la Base Aérea, fueron directamente ejecutadas por el General Prince Suazo, Comandante General de la Fuerza Aérea; sin embargo después de transcurridos más de 50 días del golpe de estado, ninguna acción orientada a hacer justicia frente a este hecho criminal, se ha iniciado.

La Ministra Asesora en materia de energía, fue igualmente amenazada en su integridad física, vía teléfono, desde el día sábado en horas de la mañana, así  mismo fue perseguida por individuos vestidos de civil en horas de la tarde-noche del mismo día sábado 27 de junio. Ella en compañía de su hijo mayor acudió el sábado 27 a las oficinas de la Policía Departamental en Choluteca, en donde no pudo ser atendida por el Comisionado encargado y tan sólo pidió que se dejara constancia de su comparecencia en el libro de novedades del día. Luego el día domingo 28 entre 6:40 y 7:30 de la mañana fue perseguida por un carro sin placas, al salir del hotel donde se hospedaba para informar a la gente del secuestro del Presidente Zelaya.

En días posteriores, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social y el Ministro de la Juventud Gustavo Cáceres fueron detenidos en la zona de San Marcos de Colón, cuando se desplazaban a la frontera para encontrarse con el Presidente, junto a ellos doce personas más permanecieron hasta horas de la madrugada en una posta policial, bajo el argumento del toque de queda.

Toques de queda.- Ilegalidad y violación de derechos individuales.

Ejecutado el golpe de estado y en el ejercicio ilegal del poder el usurpador de la soberanía del pueblo, a partir del domingo 28 de junio de 2009, Honduras está viviendo un estado de terror impuesto a través de los denominados “toques de queda”, que constituyen verdaderas violaciones directas a los derechos individuales establecidos en la Constitución de la República13, se han emitido sin llenar ninguna formalidad, simplemente en cadena nacional se le dice a la población cuáles son las horas en que queda comprendido.

Los golpistas sin ninguna declaratoria o anuncio de restricción de derechos, desde los días domingo 28 y lunes 29 de junio; comenzaron su práctica violatoria y fue hasta el 30 de junio que elaboraron el “decreto ejecutivo número  011-2009”, con una vigencia de 72 horas, el cual evidencia una serie de defectos tales como: No fue creado en consejo de ministros; no tiene ninguna motivación o establecimiento de las razones que lo justifican; no consta que haya sido ratificado por el Congreso Nacional y posteriormente se haya publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Ha habido días en que la aplicación del denominado toque de queda se ha aplicado de inmediato sin darle tiempo a  la gente para llegar a sus destinos, facilitando con ello las detenciones que hace la policía y los cuerpos militares.

Estos actos ejecutados por el régimen de facto, limitativos de los derechos individuales de las personas, constituyen verdaderas violaciones a los derechos humanos, y conllevan para quiénes los respaldan, responsabilidad civil y penal ya que todas las detenciones son perse ilegales.

Funcionarios de facto están cometiendo el delito de Usurpación de Funciones.-

Quiénes acompañando el régimen producto del golpe de Estado están ejerciendo cargos y han prestado juramento sobre la Constitución de la República que ha sido rota, están cometiendo el delito de usurpación de funciones14 y todos los actos que realicen son sujetos de la correspondiente anulabilidad, incluidos los actos de aquéllos funcionarios que habiendo jurado antes del Golpe de estado, cumplir lo dispuesto en la Constitución y las leyes, se han prestado a validar los actos de un régimen de facto que carece de toda legalidad.

Los altos funcionarios designados por el régimen de facto son los siguientes:

a. Gabriela Núñez de Reyes.- (Finanzas) Ministra de Finanzas en el gobierno del expresidente Flores Facussé e hija del Abogado Amado H. Núñez, Viceministro de Trabajo en el Gobierno Constitucional de Ramon Villeda Morales, ascendido a Ministro de Trabajo con el golpe de estado de Oswaldo López Arellano.

b. Carlos López Contreras.- (Relaciones Exteriores) Pertenece al Partido Nacional. Excanciller y responsable del manejo de la política de la contrarrevolución nicaragüense desde Honduras, en franca violación a los derechos del pueblo nicaragüense y hondureño.

c. Martha Lorena Alvarado Casco.- (Relaciones Exteriores-Vicecanciller), es diputada electa por el Movimiento del Presidente Zelaya. Militante fundamentalista del OPUS DEI, hija del Abogado Andrés Alvarado Puerto, Canciller del Gobierno Golpista de 1963, que acepto el cargo traicionando al Partido Liberal, del cual fue precandidato presidencial antes de que ocurriera el golpe.

d. Rafael Pineda Ponce.- Ex presidente del Congreso en el gobierno del expresidente Flores Facussé. Ministro de Educación del Gobierno del Presidente Zelaya, destituido en 2007. Funcionario de la dictadura militar en la década de los setentas.

e. Nicolás García Sorto.- (Trabajo y Seguridad Social). Nacionalista, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia en el período de la señora Vilma Morales Montalván. Defensor del ex presidente Rafael Leonardo Callejas.

f. Benjamín Bográn.- (Industria y Comercio). Fungía como Secretario Ejecutivo del COHEP. Hizo fuerte presión al Gobierno especialmente por el aumento al salario mínimo durante el año 2009.

Otros colaboradores del régimen de facto:

a). Mauricio Villeda Bermúdez.- Testaferro electoral de Elvin Santos Ordoñez. Hijo del Ex presidente Jose Ramon Villeda Morales, quien después de sufrir un golpe de Estado en el último mes de su gobierno, se convirtió en el Embajador del Gobierno golpista ante la Organización de Naciones Unidas. Militante fundamentalista del OPUS DEI.

b. Arturo Corrales Álvarez.- Empresario con concesiones en el sector energía, socio del ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé. Negociador y ejecutor de las negociaciones oscuras de los grupos de poder.

c. Camilo Atala.- Empresario del sector financiero, beneficiario de negocios públicos, funcionario de gobiernos nacionalistas y uno de los principales financistas del golpe.

RESISTENCIA INTERNA. EJEMPLO DE DIGNIDAD Y LUCHA

La resistencia interna comenzó a organizarse inmediatamente después de ocurrido el golpe de estado, en el denominado “Frente de Resistencia Nacional contra el Golpe de Estado”. Se integran en el frente organizaciones obreras, campesinos, maestros, miembros de los diversos partidos políticos, organizaciones de mujeres, de artistas, de escritores, de indígenas, de garífunas, de estudiantes de educación media y universitaria, de defensa de los derechos humanos, amas de casa, comerciantes, pequeños y medianos empresarios y una parte importante representativa de las iglesias católica y protestante. Con una dirección central, el frente ha desplegado una inmensa cantidad de actividades que han permitido interna e internacionalmente conocer el repudio casi generalizado a la acción violenta que dio por resultado el rompimiento del orden constitucional.

A través de sus diversos comunicados el Frente de Resistencia mantiene las siguientes posiciones:

a. No permitirá el desarrollo del proceso electoral (que comienza el 1º. de septiembre) y la realización de las elecciones generales el 29 de noviembre de este año, sino se restablece el orden Constitucional a través del retorno del Presidente Manuel Zelaya.

b. No se renuncia a la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, por cuanto habiéndose producido la ruptura del orden constitucional, la salida legal para reconstruir el estado y orden democrático es a través de esta Convocatoria.

c. No se acepta la amnistía para todos los delitos de lesa humanidad que se han cometido contra el pueblo en los más de 50 día de resistencia pacífica. Y se exige cárcel inmediata para los responsables.

CONDENA ENERGICA AL GOLPE DE ESTADO Y RESPUESTA INTERNACIONAL.

Condena enérgica al golpe de Estado.

El pueblo de Honduras que lucha en las calles y se mantiene en resistencia pacífica desde el día del golpe de estado no está sólo,la comunidad internacional en forma unánime ha brindado el apoyo para el retorno al orden constitucional y para revertir de forma pacífica el acto criminal ejecutado por un grupo de gente plenamente identificada.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su trigésimo séptimo período extraordinario de sesiones resolvió:

1. Condenar enérgicamente el golpe de Estado en contra del Gobierno  Constitucional de Honduras y la detención arbitraria y expulsión del país del  Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo la  alteración inconstitucional del orden democrático.

2. Reafirmar que el Presidente José Manuel Zelaya Rosales es el Presidente  constitucional de Honduras y exigir la restauración inmediata, segura  e  incondicional del Presidente  a sus funciones constitucionales.

3. Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura  inconstitucional y reafirmar que los representantesdesignados por el Gobierno  constitucional y legítimo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales son los  representantes del Estado de Honduras ante la Organización de los Estados  Americanos.

4. Instruir al Secretario General para que, junto a representantes de varios  países, realice las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y  el Estado de derecho, y la restitución del Presidente José Manuel Zelaya  Rosales, según lo previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática  Interamericana, y reportar a la Asamblea General Extraordinaria sobre los  resultados de las iniciativas. De no prosperar estas iniciativas en un plazo de  72 horas, la Asamblea General Extraordinaria aplicará inmediatamente el  artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a  Honduras.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también se pronunció de manera unánime contra el acto violento perpetrado contra el Gobierno constitucional del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, lo calificó como un GOLPE DE ESTADO, y no reconocen al GOBIERNO USURPADOR, surgido del golpe de fuerza.

La Organización de Estados Americanos (OEA) en su trigésimo séptimo período extraordinario de sesiones, de manera unánime, y en vista de que Honduras en el contexto del Sistema Interamericano, ha violado la CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA, resolvió EXPULSAR de la organización a nuestro país, mientras subsista la ruptura del orden constitucional. El texto de la resolución es el siguiente:

1. Suspender al Estado de Honduras del ejercicio de su derecho de participación  en la Organización de los Estados Americanos de conformidad con el artículo  21 de la Carta Democrática Interamericana. La suspensión tendrá efecto  inmediatamente.

2. Reafirmar que la República de Honduras deberá continuar observando el  cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en  particular en materia de derechos humanos e instar a la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos a que continúe adoptando todas las  medidas necesarias para la tutela y defensa de los derechos humanos y las  libertades fundamentales en Honduras.

3. Encomendar al Secretario General que, junto a representantes de varios  países debidamente designados, intensifique todas las gestiones diplomáticas  y que promueva otras iniciativas para la restauración  de la democracia y el  estado de derecho en la República de Honduras y a la restitución del  Presidente José Manuel Zelaya Rosales de manera que pueda cumplir con el mandato para el cual fue democráticamente elegido e informe de inmediato al  Consejo Permanente. Ninguna gestión implicará el reconocimiento del  régimen surgido de esta ruptura del orden constitucional.

4. Alentar a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales que  revisen sus relaciones con la República de Honduras durante el período de las  gestiones diplomáticas para la restauración  de la democracia y el estado de  derecho en la República de Honduras y la restitución del Presidente José  Manuel Zelaya Rosales.

5. Instruir al Secretario General que remita esta resolución a los demás  organismos del Sistema Interamericano y al Secretario General de las  Naciones Unidas-

De igual manera el SICA, GRUPO DE RIO, CARICOM, Países No Alineados, ALBA y UNASUR, Unión Europea, Unión de Países Africanos, Parlamentos de Centroamérica, Latinoamérica y Europa, entre otros,  han condenado enérgicamente mediante resoluciones escritas, el golpe de Estado en Honduras.

Constatación de las violaciones a los Derechos Humanos de todo hombre o mujer que se pronuncia o se manifiesta en contra del régimen de facto.-

Todos los organismos regionales e internacionales de derechos humanos que han visitado nuestro país han podido constatar in situ las graves violaciones a los más elementales derechos humanos de los hombres, mujeres, jóvenes, niños, etc. que se pronuncian pacíficamente en contra del golpe y que por más de 50 días se han mantenido en la resistencia. Las muertes por francotiradores, las palizas, las detenciones arbitrarias, las torturas, las detenciones a menores, a ancianos, a mujeres, etc. están debidamente documentadas y con imágines que permitirán demostrar la barbarie cometida por el Régimen de Facto presidido por Roberto Micheletti y apoyado por los militares, los paramilitares y la policía. Las conclusiones de la Misión Internacional de Observación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, contenidas en el informe final del día 7 de agosto de 2009, claramente establecen que: “…La Misión concluye que lo que está en juego es mucho más que una simple lucha política para restablecer un orden legal y permitir a un presidente legítimo regresar al poder. Se trata de una conflictividad social no resuelta, de la que forman parte una élite económica que usurpó el poder en forma antidemocrática, aliada con el Ejército, y diversos sectores que reclaman un nuevo orden institucional y social que implicaría mayores espacios de participación ciudadana. Es por eso que la represión se manifiesta en particular contra los líderes campesinos, ambientalistas, indígenas, afrodescendientes, mujeres que se movilizan por sus derechos y, contra los dirigentes sindicales.

La Misión constata además que el disfuncionamiento institucional, comienza por la ausencia de controles autónomos de los órganos de poder, la excesiva politización del Poder Judicial, la falta de un fuero mínimo de protección a la máxima autoridad del Estado…” “…Finalmente, la Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de Estado mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y su implicación activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste convocadas por el régimen de facto”.

Restricciones a las libertades públicas y manipulación mediática.-

La restricción a las libertades públicas de los ciudadanos, la supresión de la independencia de los poderes y la manipulación mediática a favor del derrocamiento del gobierno legítimo por parte de los Diarios El Heraldo, La Prensa y la Tribuna, de los canales televisivos y medios radiofónicos como Televicentro, Emisoras Unidas, Radio América y Radio Cadena Voces mientras se ocupaba militarmente y procedía a clausurar los medios independientes; confirman junto a otras evidencias la participación directa de cuatro empresarios y políticos en la conspiración que culminó con la detención violenta e ilegal, el secuestro y la expulsión del Presidente Constitucional de la República por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras  y como consecuencia con el rompimiento del orden constitucional y el sistema democrático. Desde el mismo día 28 de junio de 2009, los medios independientes como canal 36, Radio Globo, Radio Progreso, así como los programas del periodista Eduardo Maldonado en MAYA TV, fueron cerrados y militarizados; la energía les fue interrumpida en sus transmisores y desde esa fecha hasta ahora han sido objeto de suspensiones de hecho constantes por el régimen de facto. Otras radios y televisoras a nivel nacional han soportado la represión por expresar a través de sus medios, opiniones diferentes a las del régimen y por condenar el golpe de Estado. La Relatoría Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de Frank La Rue, expuso como conclusión en un Comunicado de Prensa de fecha 10 de agosto: “Puedo afirmar que en Honduras no existe la libertad de expresión para comentar los hechos de cada día ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de estado. No existe una forma sistemática de documentar los hechos, las detenciones ni los casos de exceso de fuerza o de tortura, por lo que ni el pueblo hondureño ni la comunidad internacional tienen acceso a información objetiva”.

Los derechos individuales contenidos en los artículos 72, 73 y 74 de la Constitución de la República parecen no existir frente a real situación que atraviesa el país15.

Rol del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos fue creado como institución para garantizar los derechos y libertades reconocidas en la Constitución16. Las atribuciones del Comisionado son objeto de una Ley Especial.

Ramón Custodio López, ante el asombro de propios y extraños, el hombre que otrora defendió hasta con su vida los derechos humanos, y que actualmente en un segundo período fue nombrado por el Congreso Nacional para dirigir la institución, expresó públicamente su apoyo al golpe de estado.

La población que a nivel nacional ha sido reprimida con el uso de gases lacrimógenos, con golpes y atropellos a su integridad corporal, con detenciones sin ninguna garantía, todos los muertos, los heridos y sus familias están desprotegidas porque el Comisionado de los Derechos Humanos ha defendido las acciones del ejército, expresando incluso en una ocasión, que las balas que estaban utilizando eran de goma.

La conducta de este ciudadano hondureño ha sido denunciada internacionalmente. Fue expulsado de la Federación Internacional de Derechos Humanos y le han sido suprimidos algunos apoyos económicos por parte de organizaciones especialmente de la Unión Europea.

A causa de las “balas de goma” del Comisionado Ramón Custodio, han sido asesinadas violentamente durante el periodo del golpe de estado y los toques de queda, más de cien personas17, dentro de ellos:

• ISIS OBED MURILLO MENCIAS, asesinado por los militares en la marcha de resistencia pacífica del día 5 de julio en el aeropuerto internacional de Tegucigalpa, donde desde las azoteas de los edificios administrativos francotiradores apuntaban con sus armas. (actualmente el aeropuerto está concesionado al señor Fredy Nasser, también beneficiario de grandes contratos de generación de energía térmica).

• PEDRO MAGDIEL MUÑOZ SALVADOR, capturado el 24 de julio durante uno de los bloqueos de carreteras por toque de queda, cuando se dirigía hacia el Ocotal para encontrarse con el Presidente. Fue encontrado asesinado con señales de tortura el día 25 de julio.

• PROFESOR ROGER ANRAHAM VALLEJO SORIANO, quién fue asesinado mientras participaba en una manifestación pacífica a favor del retorno al orden constitucional, en la Posta de El Durazno, salida a la carretera que conduce a la zona norte del país;  desde donde todos los manifestantes fueron reprimidos por la fuerza y violencia militar, hasta llegar al mercado zonal Belén en la ciudad de Comayaguela, teniendo que correr aproximadamente 5 kms.

PRETENSION DE IMPUNIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL GOLPE DE ESTADO A TRAVES DEL PROCESO ELECTORAL VICIADO Y FRAUDULENTO CON EL PRESIDENTE DESTERRADO QUIEN REPRESENTA LA PRINCIPAL FUERZA POLITICA DEL PAIS.

Los golpistas pretenden legalizar y darle continuidad al golpe mediante el proceso electoral, con la participación única de los candidatos golpistas, por ello el Frente Nacional contra el Golpe de Estado que aglutina todos los sectores de la sociedad hondureña, esperan que la comunidad internacional, sostenga al respecto una posición firme e inclaudicable de no reconocimiento a un proceso electoral viciado y a las autoridades ilegítimamente electas, ya que ello constituiría un nuevo crimen contra la democracia.

CONCLUSIONES:

1. El golpe de Estado en Honduras es una reacción de los grupos fácticos para impedir la continuación del proceso de reformas de contenido social y perpetuar sus tradicionales intereses comerciales y económicos con fuertes vinculaciones externas.

2. El golpe de Estado es el retorno de las prácticas fascistas que ha instalado en Honduras una dictadura criminal que está ejecutando asesinatos, violaciones, torturas y persecución política, como lo ha constatado la comunidad internacional.

3. Con el golpe de Estado, quedó evidenciado una vez mas,  que la existencia de las Fuerzas Militares en Honduras, solo ha servido para perpetrar golpes de Estado y promover un sistema de represión en contra de los derechos humanos y el orden democrático.

4. El golpe de Estado es una afrenta a las aspiraciones democráticas de los pueblos de América Latina, de sus gobiernos y sus presidentes, y ha evidenciado que pese a la condena pública que ha hecho el Presidente Barack Obama, los grupos conservadores de los Estados Unidos que apoyan el golpe de Estado, dominan aún el monopolio del poder en esa nación.

5. Las resoluciones de los organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas y la OEA, condenando el golpe y desconociendo el régimen de facto, al igual que la propuesta de mediación de la Secretaria Hillary Clinton han sido burladas y van quedando sin efecto por la intransigencia del régimen golpista y la falta de instrumentos internacionales que obliguen al cumplimiento de las mismas.

6. Ratificamos que el Gobierno del Presidente Zelaya, con el objetivo de lograr el restablecimiento de la democracia por la vía pacífica, ha reiterado su aceptación al Acuerdo propuesto por el Presidente Oscar Arias y ha expresado su decisión de firmarlo en la ciudad de Tegucigalpa antes del primero de septiembre de 2009.

7. Reiteramos que el pueblo tiene el derecho constitucional a la insurrección cuando se le impone un gobierno usurpador. El pueblo hondureño que hoy resiste jamás aceptará una dictadura, ni participará en un proceso electoral con el que se busca la impunidad y la consolidación de los golpistas, ni aceptará la renuncia a este derecho constitucional.

8. Nuestros principios por la defensa de nuestra Patria, de las reformas sociales y de los derechos del pueblo, son innegociables, por tanto, LUCHAREMOS INCLAUDICABLEMENTE HASTA VENCER.

FUENTES.

a. Constitución de Honduras
b. Leyes secundarias de Honduras
c. Tratados  y Convenios Internacionales ratificados por Honduras
d. Informes de todas las organizaciones nacionales e internacionales que han visitado el país.
e. Opiniones de todos los sectores que han sido remitidas a los funcionarios en Honduras y en el exilio.

GOBIERNO DEL PRESIDENTE JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES

Agosto, 2009

Familia Custodio

A peticion de nuestros lectores hemos transcrito el siguiente articulo sobre el clan Custodio, pero igualmente les invitamos a leer el documento del Tribunal Superior de Cuentas en el que se detallan los presuntos delitos cometidos por este ciudadano.Consul de Washington

Cuando a Ramón Custodio López le fue notificado el retiro de su visa por parte de Estados Unidos, aseguró: “puedo decir que soy un hombre honesto, de principios, de conciencia y represento a mi pueblo más que a ningún gobierno”.

¿Honesto? ¿De principios? ¿De conciencia? ¿Se le olvida a este tipejo lo que hizo cuando su hijo Ramón Custodio Espinoza atropelló a una estudiante del Instituto Central en Tegucigalpa?

Se los voy a recordar: en lugar de presentarlo a la justicia, como correspondería a un honorable representante de los derechos humanos, lo sacó hacia El Salvador y luego lo mandó a Suiza. Le consiguió una representación diplomática en Estados Unidos, de donde pasó a Bélgica y Luxemburgo. Allí se mantiene viviendo a sus anchas de nuestros impuestos, pese a que no representa a nadie porque a este gobierno golpista no lo reconoce ni su abuela.

Gran premio para un ebrio homicida, porque sí, cuando atropelló a la muchacha  andaba más borracho que una cuba ¿Eso es honestidad, principios y conciencia, Ramón Custodio?

Cuando algún periodista honesto osaba preguntarle sobre el homicidio, se hacía el enojado, adoptaba posturas de abuelo reumático y regañaba a su interlocutor e igual, no contestaba.

Pero el que es malo y corrupto, lo es donde se pare y parece que los Custodio saben mucho de eso. Cuando Ramón Custodio Espinoza fungió como cónsul en Washington fue señalado de apropiarse cerca de un millón de dólares de cantidades que les cobraba a nuestros pobres hondureños que hacían trámites en la delegación diplomática. Resulta que este individuo cobraba entre tres y seis veces el costo real de los trámites, según una serie de auditorías practicadas por cancillería.

Según las denuncias, Custodio Espinoza cobraba hasta 150 dólares por extender una certificación que costaba 25; y 120 dólares por un pasaporte que valía 60.

Como “castigo” por sus robos en el consulado de Washington lo enviaron a Bruselas. Con el dinero  estafado se compró un Mercedes y otros artículos de lujo. Por cierto que el auto hizo que se lo embarcarán rumbo a Europa, a un costo impensable para cualquiera de nosotros, simples mortales.

En Bruselas, por supuesto, no ha hecho nada por Honduras. Su único acto destacable fue involucrarse en un  caso de tráfico de influencias al patrocinar una exposición de pinturas de Federico Rosa en la sede central de la Comisión Europea, lo que fue ampliamente aireado por algunos medios del Viejo Continente que ven inconcebible como los pocos recursos de un país pobre pueden invertirse en promocionar a un “artista” desconocido. Por cierto, el gran mérito de este pintor es ser hijo del ex fiscal general Leónidas Rosa Bautista. Claro, entre golpistas se entienden.

A Custodio los medios europeos también lo acusan de haber mantenido empleada a una persona identificada como Elizabeth Gamundi, quien fue considerada non grata por el gobierno belga hace algunos años y que no está acreditada oficialmente.

Y como toda gente sin principios, igual que su padre, al nomás darse el golpe de estado, corrió a ponerse a la orden del dictador Micheletti, por lo que fue retirado de su cargo. No obstante, los golpistas le siguen girando miles de dólares para que mantenga su vida ostentosa en Europa.

Su innecesaria presencia allá fue notoria cuando el pasado 3 de septiembre el jefe de la unidad Europe Aid B/2, Basile Papadopoulos, lo convocó, por error, para la firma de un addendum para echar andar el Convenio de Financiación del Programa Euro-Solar.

Al darse cuenta de que Espinoza representaba al gobierno golpista y no al gobierno constitucional que representa Manuel Zelaya Rosales, el 9 de septiembre el gabinete de la comisaria de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad, Benita Ferrero-Weidner, lo  desautorizó y le advirtió que no le permitiría firmar el documento, que si fue ratificado por otros países del área. Con ello, Honduras se quedó por fuera de un programa que permitiría la instalación de sistemas de energía solar en áreas rurales de nuestro país.

Por lo atípico de la situación en el ámbito diplomático, el indigno embajador fue consultado por algunos medios, como eurotribune.eu., ante quien desmintió a los voceros de la Unión Europea y dijo que nunca había sido convocado. Esto nuevamente dio que hablar a los analistas de medios, quienes lo calificaron de “mentiroso”, un término grave en un continente acostumbrado a que sus políticos afronten sus hechos como hombres y a que digan las cosas como son.

Entonces, Custodio ¿Vas a seguir hablando de honestidad, principios y conciencia? Por cierto, se ve feo que ahora estés del lado del homicida Billy Joya, a quien denunciaste en los años 80…

Y de representar al pueblo… Bueno, de eso ni hablemos.

Fuente: http://rubenescobarerazo.wordpress.com/2009/10/05/ramon-custodio/

FUNCIONARIO "A"

¿QUIÉN ES EL FUNCIONARIO “A”?

Durante los ultimos meses se ha logrado mantener el nombre del FUNCIONARIO “A” tan cubierto como un secreto de estado, nadie nunca se pudo imaginar que el nombre de este alto funcionario de la administracion Zelaya hiba a salir a la luz publica.

Ha sido una costumbre en este pais que aquellos que han cometido actos de corrupcion, sean declarados inocentes y sus acciones han quedado siempre en la impunidad. En el caso especifico de este caballero se ha hecho hasta lo imposible por mantener su nombre en el anonimato, se han mencionado nombres diferentes, e incluso se ha querido inculpar a inocentes, pero la verdad siempre prevalece y en éste caso esperamos que no solamente sea mencionado con su nombre y apellido ante la opinión pública, también esperamos que sean castigados con todo el peso de la ley.

En  www.hondurascorrupta.com hemos tenido acceso a los documentos y la información que acreditan plenamente la identidad del FUNCIONARIO “A” , pero se sigue manteniendo dicha identidad oculta, asi como lo muestran los comentarios de los diarios nacionales, solamente dandole largas al asunto. (Ver documentos adjuntos)

SENTENCIA Caso LATINODE (Ingles)

Comunicado Departamento de Justicia LATINODE

Informe del TSC caso HONDUTEL – LATINODE

Denuncia EEUU contra LATINODE

Los funcionarios de Hondutel que recibieron soborno fueron descritos por la acusación como el jefe del comité de evaluaciones responsable de adjudicar acuerdos de interconexión con compañías privadas de telecomunicaciones interesadas en la red de Hondutel, un alto ejecutivo que trabajó en la empresa entre febrero del 2006 y diciembre del 2007 y quien tenían amplias funciones e influencia sobre los contratos de interconexión y un abogado de la oficina legal. Estos tres sujetos identificados únicamente como funcionarios “A” “B” y “C”.

El fiscal prefirió no dar más detalles sobre el caso, porque se están investigando a otras personas involucradas en el mismo; “esto solo es el inicio, estamos comprobando otros hechos y en el transcurso del juicio vamos a dar a conocer”.

Según se conoció, en el expediente se establece que el funcionario “B” es Marcelo Chimirri y el funcionario “C” es Óscar Danilo Santos, respectivamente, se agrega a estos el ex funcionario Jorge Alberto Rosa, pero aún no se informa sobre quién podría ser el funcionario “A”, que recibió sobornos tal como lo señaló la sentencia de los tribunales estadounidenses.

El funcionario “A”, “no lo podemos mencionar, sabemos quién es, lo tenemos identificado pero falta concluir ciertos enlaces para poder dar su nombre e informaremos posteriormente. Hay más involucrados que se conocerán en su momento, pero las personas que hemos mencionado encontramos que recibieron dinero de esta empresa”, dijo por su parte el fiscal Contra la Corrupción, Henry Salgado.

El MP acreditó un aproximado, en el requerimiento presentado, de 387,000 dólares, los que “van a hacer acreditados en la audiencias correspondientes con respecto al caso; sin embargo tenemos la expectativa de identificar más cantidades de dinero”.

FUNCIONARIO "B"

Funcionario “B”: Marcelo Chimirri es acusado por el delito de cohecho (soborno), fraude y abuso de autoridad. Se le acreditó un depósito de 61,099 dólares.

FUNCIONARIO "C"

Funcionario “C”: Óscar Danilo Santos, acusado por el delito de cohecho (soborno), fraude y abuso de autoridad y se le acreditó una suma de 60,000 dólares.

Ex-Gerente de HONDUTEL

La sorpresa: Jorge Alberto Rosa, también es acusado por el delito de cohecho (soborno), fraude y abuso de autoridad y según las investigaciones se le acreditó dos depósitos de 50,000 dólares y 38,409 dólares, todos las cantidades fueron recibidas por supuestos sobornos de LatiNode.*Daniel Flores y Jacobo Lagos están acusados del delito de abuso de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios.

Fuente: http://www.periodicos-de-honduras.com/2009/07/01/5-funcionarios-son-acusados-por-soborno-en-caso-latinode-hondutel/

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