Una breve historia de la ENEE en el 2007

En cuanto a la gestión en la ENEE es un buen ejemplo de una institucion sin rumbo, ya que desde la inestabilidad de permanencia de sus titulares (ya han pasado Juan Bendeck, Leo Starkman (éste último señalado por tener una empresa que pirateaba llamadas), y Alpha Castillo llegando al extremo de tener que ser intervenida militarmente con el fin de controlar su gestión, y que ahora se encuentra dirigida por la Ex Ministra de Trabajo Rixi Moncada, nombramiento cuestionado debido a la profesión de ella (abogada) por carecer de los conocimientos técnicos necesarios para situarse a la cabeza de la misma.

En el caso de Juan Bendeck que renunció al ser cuestionada su autoridad de forma directa por el presidente y desautorizarlo en lo relativo a la compra de energía a las térmicas, pero que ahora es lo que se esta haciendo debido a la crisis que hay al respecto.

Destaca la “operación tijera” que fiel al estilo de nuestro gobernante, consistió en mandar a todos los Ministros, directores de programas gubernamentales, etc, a realizar un operativo de cobro de deuda y corte de energía eléctrica. Este operativo permitió recuperar gran parte de la mora que arrastraba la ENEE, pero resalta el caso del titular del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), Roland Valenzuela, que también era uno de los encargados de ejecutar los operativos pero que resultó ser uno de los afectados por el operativo ya que se comprobó que tenía conectada la energía de manera directa en su casa, así mismo fue cuestionado por el TSC ya que al momento de trasladarse a El Paraíso a realizar el operativo lo hizo en un lujoso helicóptero que se presume pagó con fondos del Estado, así como los comunicados de una página completa que sacó en los algunos diarios del país con el fin de limpiar su nombre.

La ENEE y los actores de la quiebra

RESUMEN DE BANCOS EN QUIEBRA DOLOSA

1. Antecedentes

Durante los años 1998 al 2001, el sistema financiero hondureño atravesó por una crisis de gran magnitud. Esta crisis se materializó en dos sub-sectores: el mercado bursátil y el mercado de intermediación financiera.

En el mercado bursátil, emisores sobre endeudados que cayeron en incumplimiento de sus obligaciones con los inversionistas, causaron pérdidas por el orden de L 224.0 millones a más de 417 inversionistas. Adicionalmente, los mismos emisores realizaron captaciones extra bursátiles ilegales, adquiriendo obligaciones con el público que no inscribieron en las bolsas de valores y sobre las que también incurrieron en incumplimientos, perjudicando a 1,129 personas, por un monto total aproximado de L 553.7 millones.

En el sector de intermediarios financieros, tres bancos y trece sociedades financieras fueron liquidadas. En el caso de los bancos, acciones irregulares cometidas en beneficio de partes relacionadas a los administradores, situaron a estas instituciones en la imposibilidad financiera de restituir los depósitos del público por un deterioro irreparable en la calidad de los activos que erosionó el patrimonio, situándolo en un valor negativo.

Las sociedades financieras liquidadas operaron captando ahorros del público sin la debida autorización del Banco Central de Honduras. Los recursos del público en este caso, también fueron utilizados para realizar transacciones irregulares en beneficio de partes relacionadas, así como invertidos en préstamos de baja calidad, sin las condiciones necesarias para su recuperación.

Las autoridades nacionales y la comunidad internacional reconocieron la necesidad de mejorar la capacidad estatal para prevenir problemas de solvencia en el futuro, así como de determinar y castigar a los responsables de la crisis financiera y efectuar las acciones necesarias para recuperar la mayor cantidad posible de los recursos públicos utilizados en la devolución de los ahorros del público.

Durante los anos de 1999 al 2003, el Ministerio Publico inicio acciones judiciales contra una serie de personas a las que determino indicios de responsabilidad en las insolvencias financieras que condujeron a los procesos de liquidación forzosa.

El CNA, ante la falta de información sobre las resoluciones finales de todos estos casos, ha decidido iniciar un proceso de investigación e información publica conducente a revisar estos hechos, iniciando con los bancos comerciales privados declarados en liquidación.

2. Casos

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros declaró en liquidación forzosa a tres bancos comerciales privados entre 1999 y 2002 en Honduras.

Con base en los informes recibidos sobre las razones para la declaración de la liquidación forzosa, el Ministerio Público emprendió acciones judiciales para establecer responsabilidades en los tres casos, que trascendieron a los medios de comunicación.

Se denunció que las irregularidades cometidas por los administradores de los bancos habían dado lugar a su fracaso financiero.

El Estado de Honduras erogó cantidades millonarias para pagar los depósitos a miles de hondureños que habían invertido sus ahorros en estos establecimientos bancarios, así:

3. Acusaciones

En cada uno de los bancos liquidados forzosamente, el Ministerio Público acusó por un tema específico, a los miembros de la Junta Directiva de los bancos y a algunos funcionarios en cada caso, según consideró que existían responsabilidades a deducir por las pérdidas experimentadas:

a.     Banco Corporativo, S.A. (BANCORP)

El Ministerio Público presentó acusación contra la Junta Directiva de BANCORP y los delegados fiduciarios, por el caso conocido como Fideicomiso No. 009, cuya descripción se resume a continuación:

Fideicomiso No. 009/95; Victor Elías Francisco Bendeck Ramírez

El objeto del contrato era “ejercer los derechos de mayoría societaria de las sociedades cuyas acciones se aporten en el futuro”.

Las sociedades a que se refiere el contrato son Radio Industrias de Honduras, S.A.; Video Industrias de Honduras, S.A.; Red de Difusión Hondureña, S.A. y Cable Color, S.A., empresas dedicadas a la explotación de las comunicaciones radiales y televisivas.

El patrimonio fideicomitido se integró por un aporte inicial de L 21 mil.

Los activos adquiridos con fondos del fideicomiso no fueron fideicomitidos a favor del mismo y las acciones fueron endosadas mediante un contrato privado y con la siguiente leyenda: “En esta fecha endoso la titularidad dominical de este título a favor del Departamento Fiduciario del Banco Corporativo, S.A. (BANCORP). Tegucigalpa, M.D.C. 20 de octubre de 1995.”

Al mes de agosto de 1999, los certificados de participación emitidos ascendían a L 100.6 millones y se usaron principalmente para adquirir activos para la sociedad HONDURED, cuyos accionistas a esa fecha son:

Accionista                                                                   Participación

Victor Elias Francisco Bendeck Ramirez             L 42.5 millones

Karl Henry Holst Talbot                                     L   1.0 mil

Arístides Mejia Carranza                                    L   1.0 mil

Victor Elias Bendeck Samra                               L   1.0 mil

Ninfa del Amor Bendeck                                    L   1.0 mil

Loris Asfura de Bendeck                                    L   1.0 mil

Ada Maria Bendeck de Chacon                         L   1.0 mil

A septiembre de 1998, los estados financieros de HONDURED presentaban una pérdida operativa de L 2.0 millones, compensada por una “reevaluación de frecuencias” por L 33.2 millones, cuyo registro como ingresos fue objetado por los auditores externos Palao Williams & Co, (Deloitte & Touche) por no estar de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Honduras.

A diciembre de 1998, el resultado de operación muestra un déficit de L 16.1 millones. Este fideicomiso no tenía la capacidad de generar los ingresos necesarios para hacer frente a las obligaciones generadas por los certificados emitidos que a esa misma fecha totalizaban L 114.5 millones. De hecho el sr. Bendeck no realizó ningún pago en efectivo de los intereses, comisiones y capital.

Todos los pagos a los inversionistas fueron hechos con fondos públicos al momento de la liquidación del Banco. Debido a que el Banco había suscrito un contrato de administración con una compañía relacionada formada por los mismos socios, el Estado no pudo entrar en posesión de los activos, para resarcirse la perdida económica. Los administradores de las empresas tampoco han permitido al banco en liquidación, ejercer los derechos de accionista sobre las mismas.

No se ha logrado recuperar nada de los fondos invertidos por el Estado en los pagos a los acreedores del fideicomiso. Tampoco se conoce el resultado del juicio.

b. Banco Hondureño de Crédito y Servicio, S.A. (BANHCRESER)

El Ministerio Público presentó acusación contra la Junta Directiva de BANHCRESER y algunos funcionarios, por el caso de la pérdida de US$ 3.7 millones, cuya descripción se resume de la siguiente manera:

BANHCRESER mantenía un depósito en el HSBC Republic Bank de Miami, por una cantidad de US$ 3.7 millones, constituido con depósitos del público, que el Banco había recibido en cuentas de disponibilidad inmediata en moneda extranjera. El Banco utilizó este depósito como garantía de una línea de crédito otorgada por dicho Banco a la empresa relacionada ANCRES Ltd., en contravención a la prohibición emitida por el Banco Central de Honduras, de utilizar recursos de disponibilidad inmediata para garantizar créditos otorgados al Banco o a cualquier prestatario. El 5 de junio de 2001, el HSBC Republic Bank hizo efectiva la garantía señalada, ante la falta de pago de ANCRES, Ltd.

El Señor Caupolicán Zúñiga, ex – gerente de BANHCRESER, declaró a la CNBS que este dinero había sido utilizado por ANCRES Ltd. para a su vez, otorgar préstamos a los accionistas de BANHCRESER, que estos habían utilizado para capitalizar el banco.

Solo por esta transacción, BANHCRESER registraba en su balance activos inexistentes, por una cantidad aproximada a  L 60.0 millones.

Al momento de la liquidación del Banco, los pagos a los depositantes de BANHCRESER fueron financiados con fondos públicos, aportados por la Secretaría de Finanzas y también con recursos aportados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE).

Ha habido una recuperación parcial de los fondos invertidos. La ciudadanía no conoce el resultado de los juicios.

c. Banco Capital, S.A.

El Ministerio Público presentó acusación contra la Junta Directiva de Banco Capital, S.A. y algunos funcionarios, por la compra de dos pisos inexistentes en el Complejo Financiero Capital y posterior utilización del mismo dinero en el pago de la capitalización del Banco. El caso se resume de la forma siguiente:

Mediante instrumento No.49, autorizado por el Notario Jacobo Cálix Hernández, el 23 de agosto de 1999, Banco Capital adquirió de “Desarrolladores Asociados de Honduras, S.A. de C.V., las unidades privadas 2-01 y 2-02, ubicadas en la torre “Banco Capital” entre los niveles primero y segundo, respectivamente, mas diez espacios de estacionamiento ubicados en el área privada de estacionamiento del sótano numero dos del Complejo Financiero Capital, por el precio de L 36,550,000.00 ( treinta y seis millones, quinientos cincuenta mil lempiras), íntegramente pagados por Banco Capital, S.A. mediante cheque de caja, el que fue depositado en el Banco de las Fuerzas Armadas, S.A. (BANFFAA), en la cuenta de Desarrolladores Asociados, S.A..

A su vez, Desarrolladores Asociados, S.A. emitió cheques el mismo dia, a nombre de Ivis German López Ayestas, por L 28,360,000.00 y Rafael López Ayestas, por L 8,190,000.00 el mismo día 23 de agosto de 1999, los cuales fueron utilizados para pagar el aumento de capital, correspondiente a ambos accionistas, registrándose como “aporte de capital en efectivo” a nombre de Ivis German López Ayestas y Rafael López Ayestas, respectivamente.

Con la compra descrita, Banco Capital violó las disposiciones legales existentes para limitar la inversión de los bancos en activos fijos, no recibió un aporte de capital real en efectivo e inmovilizó recursos en activos improductivos que agravaron irremediablemente su situación financiera.

Adicionalmente, el banco registró inicialmente la compra de los inmuebles en la Cuenta “Deudores Varios” lo que ocultó la inversión realizada y reportó la capitalización al Banco Central de Honduras y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros como capitalización en efectivo, presentando estados financieros falseados.

Al momento de la liquidación forzosa, los depósitos de los clientes de Banco Capital, S.A. fueron devueltos con fondos públicos aportados por la Secretaría de Finanzas y con recursos aportados por el Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE).

En este caso, la Procuraduría General de la Republica también inició acciones judiciales. La ciudadanía no conoce el resultado de los juicios.

4. Solicitud del CNA ante la Ciudadanía

Sobre los procesos judiciales incoados por el Ministerio Publico y la Procuraduría General de la República, entre 1999 y 2003, relacionados con la deducción de responsabilidades en los casos de los bancos privados declarados en liquidación forzosa, el CNA solicita:

1. Un informe completo del estado de los procesos judiciales incoados en cada caso: BANHCRECER, BANCORP Y CAPITAL (PGR y MP).

2. Un detalle analítico de las consideraciones sobre las cuales se basaron los Tribunales de Justicia para dictar sobreseimientos a favor de algunos imputados. (CSJ)

3. Una presentación y explicación por parte del Ministerio Público de las razones o argumentos legales considerados para realizar arreglos de pago que exoneran de responsabilidad penal a los implicados en cada uno de los casos donde se ha usado este procedimiento.

4. Las recuperaciones de fondos logradas por este procedimiento y acciones administrativas. (CNBS / SEFIN)

BANCO CAPITAL

1. Datos Generales

Registrado bajo el número de expediente judicial 2983-04. Dicho proceso inició el 10 de enero

de 2003, es decir, hace casi cuatro años a la fecha, nombrándose como Juez Especial para conocer de las primeras etapas del proceso, al Magistrado Nicolás García Sorto.

Delito imputado por el Ministerio Público: Estafa

Supuestos Responsables de la Comisión de los Delitos: Ivis Germán Lópes Ayestas, Fernando

Rafael López Ayestas, Waldo Ramírez, Alex Bendeck Mourra, Jacobo Omar Hernández Cruz, David Granada Grajales, Julio Suárez Lardizabal, Fredy Danery Gómez, Marco Antonio Avilez, Carlos Padilla, Marcial Flores Sosa y Lili Raudales de López.

Hecho imputado: De conformidad con lo expuesto por el Ministerio Público en su escrito de acusación, la Junta Directiva de Banco Capital resolvió aumentar su capital, siendo aprobado dicho aumento por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, fechándose las formas y modalidades de pago para proceder a la capitalización. Es así, que de un dinero que estaba depositado en Banco Capital y bajo el pretexto de la capitalización, se produjo lo que en la doctrina se conoce como triangulación financiera, que consiste en simular una contratación con

otra empresa para que el dinero vuelva al Banco y de esta manera aparentar liquidez con el objeto de desvirtuar el origen del dinero y el destino final de la operación, aumentando de manera ilícita el patrimonio de los señores López Ayestas en la cantidad de L. 36,550,000.00.

De conformidad a lo expuesto por el Ministerio Público en su escrito de acusación, los Señores López Ayestas, sacaron el dinero del Banco inobservando la autorización del Banco Central deHonduras y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, así como la Ley del Sistema Financiero, misma que prohíbe a los Bancos invertir más del 40% de su capital y reservas para bienes raíces. Pues con este dinero se pagarían unos pisos del Consejo Finaciero Capital. Lo que llama la atención es que el mismo dinero fue depositado a Desarrolladores Asociados y éstos posteriormente libran dos cheques a favor de los hermanos López Ayestas por el mismo valor con una diferencia de 0.20 centavos, y éstos depositan el mismo día en Banco Capital la misma cantidad y entra como aumento de capital accionario de ellos. Todas estas operaciones se realizaron en un mismo día: el 23 de agosto de 1999.

2. Incidencias Procesales Relevantes y Estado Actual de la Causa

El Juez Especial conocedor de la causa, después de desarrollada la audiencia inicial, dicta auto de prisión contra los Señores Ivis y Fernando López Ayestas por considerarlos posibles autores responsables del delito de apropiación indebida; por su partes, al resto de los coimputados, les decreta auto de prisión por el mismo delito, pero en su condición de cómplices necesarios.

En fecha 12 de mayo de 2006, se celebra audiencia preliminar, misma que tiene como propósito que las partes acusadoras formalicen su acusación y que la defensa conteste los cargos a fin de que el Juez valore si existen suficientes elementos para que los imputados sean juzgados mediante juicio oral y público.

Al finalizar esta segunda audiencia, el mismo Juez que dictó en su momento el auto de prisión, y con base en un medio de prueba denominado No. 5 (documental) propuesto por la Defensa en la audiencia inicial, y que en consecuencia ya había sido objeto de valoración en aquel primer momento, dicta sobreseimiento provisional a favor de los imputados.

Al respecto, cabe señalar que el Juez con esta resolución deja serias dudas acerca del porqué la misma prueba propuesta y evacuada anteriormente, y que lo llevó a la convicción de la comisión de un delito; posteriormente, y sin que de conformidad a la Fiscalía se haya aportado

otro medio de prueba que hubiera hecho variar razonablemente esa convicción original, varía hasta el punto de estimarse, en este segundo momento, una resolución de sobreseimiento a favor de los imputados.

Posteriormente, la Fiscalía interpone recurso de apelación contra la resolución de sobreseimiento provisional decretado, siendo confirmada la misma por mayoría de votos de los Magistrados de la Corte de Apelacion.

El Rumbo Actual de los Delitos Financieros

En el caso de los delitos financieros han entrado en una fase de arreglos administrativos, bajo estos arreglos las medidas sustitutivas de prisión han sido suspendidas o suavizadas para las personas que habían sido encauzadas por el Ministerio Público, aquéllos sobre los que habían ordenes de capturas libradas ya gozan de libertad debido a que la orden de captura fue suspendida.

Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público entrevistadas para este trabajo han planteado que “el arreglo administrativo ha dejado a los quiebrabancos libres de culpas. Hay un retroceso en la lucha contra la corrupción, ahora cabe que los señalados terminen demandando al Estado”.

Tres Diputados que fueron parte de la Comisión de Finanzas durante el período que se aprobó la reforma, sostienen que nunca hubo en el legislador la intención de no perseguir el delito, sino que privó la intención de recuperar los bienes y recursos que el Estado había gastado en resarcir a los ahorrantes sus depósitos y sus inversiones: “No hubo ninguna intención de favorecer a alguien en especial, más bien la intención era recuperar los recursos que el Estado había gastado, recuerdo que había un problema, que la gente quería pagar y no podía por las trabas. La intención era recuperar activos” valoró uno de los entrevistados ¿Quién fue el Proyectista? se le preguntó al entrevistado. El Diputado Oswaldo Ramos Soto, fue la respuesta.

Otras opiniones señalan que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva no representan un suave castigo para quienes cometen delitos financieros, ni han sido creadas para favorecer a los que cometen

este tipo de ilícitos, su finalidad es asegurar la presencia del imputado durante el desarrollo del proceso, es decir, ser enjuiciado en libertad, por lo que no debe entenderse que son un “suave castigo”, ni mucho menos penas anticipadas a una posible sentencia condenatoria. Debe entenderse además, que el hecho que una persona goce de medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, no significa que ya no se le sigue proceso.

Por otro lado, sectores que apoyaron la reforma ven con preocupación que se atribuya a éstas la condición de instrumentos que favorecen la impunidad; nada más lejano, porque no es el contenido de la Ley lo que causa esta impunidad, sino la forma, en ocasiones poco transparente, en que los operadores de justicia la aplican. Tal es el caso del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República que deciden someter los casos a cualquiera de estas salidas alternas, mismas que, cabe destacar, fueron creadas para ser aplicadas de manera general a cualquier tipo de ilícitos penales, y no

de manera exclusiva, o incluso especial, a delitos financieros, por supuesto siempre y cuando se cumplan los requisitos legales que en la misma Ley se exigen.

Esta Ley que fue aprobada desde el año 2005 no ha logrado que el Estado recupere los fondos que gasto en devolver los depósitos a los ahorrantes. Un paro de labores de los Fiscales del Ministerio Público y de otros funcionarios de esta institución para demandar fondos para terminar de operar el año 2006, ha dejado en claro que no ha habido ninguna recuperación de los activos.

El Estado que derogó 3, 276, 459, 017. 40 entre fondos de FOGADE y/o FOSEDE y la Secretaría de Finanzas, sólo ha podido recuperar 500 millones de Lempiras. La versión surgió ante la demanda de fondos del Ministerio Público, planteadas al Presidente Manuel Zelaya. El Presidente ve en esta recuperación de fondos la posibilidad de cumplir algunos compromisos financieros del Estado, compromisos que están agobiando a este Gobierno, como el compromiso de cumplir con el Estatuto del Docente. Reunidos el Fiscal General, el Presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y el Presidente de la República, ambos funcionarios admitieron la escasa recuperación que ha habido de los recursos del Estado2.

Recursos Públicos Utilizados en la Devolución de Depósitos

Fuente de Recursos Monto en Lempiras FOGADE y/o FOSEDE

Bancorp                                                            93,200,000,00

Sofisa                                                                    18,934,971.89

Bancreser                                                        197,398,234,01

Banco Capital                                                223,662,710.26

Sub. Total                                                    553,195,916.16

Secretaría de Finanzas

Bancorp Depósitos                                      495,442,219.97

Bancorp (Bonos en Lempiras)              573,980,784.87

Bancorp (Bonos en US dólares)             315,254,103.50

Banco Capital                                               517,085,606.85

Solfisa                                                                  84,115,984.76

Bancrecer                                                      647,409,825.79

Firesa                                                                 10,613,268.75

Inverfin                                                             7,973,080.64

Credicomer                                                       4,623,562.11

Interfinsa                                                      86,764,700.00

Sub Total                                                  2,743,263,101.24

Gran total                                          3,276,459,017.40

La Comisión estaba integrada por Ramón Velásquez Nazar, Vicepresidente del Congreso Nacional y miembro del Partido Demócrata Cristiano; Vilma Cecilia Morales, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Juan Arnaldo Hernández, Fiscal Adjunto; Sergio Zavala Leiva, Procurador General de la República; Renan Sagastume, Presidente del Tribunal Superior de Cuentas; Oscar Álvarez Guerrero, Secretario de Seguridad; y, Ana Cristina Mejía de Pereira, Presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros.

Los Arreglos administrativos

Un funcionario de la PGR fue consultado sobre el avance de los arreglos administrativos entre el Estado y los quiebrabancos. La respuesta fue la siguiente:

“En el caso de Bancorp, lo que tengo entendido es que se quieren resarcir los daños hechos al Estado, pero como yo les he dicho: con esto se resarcen los daños materiales, pero qué pasa con la cantidad de personas que llegaron a su jubilación y depositaron el dinero y fueron estafadas, algunos incluso hasta se suicidaron. ¿Quién va a reponer eso? Se murieron porque no podían luchar contra las fuerzas poderosas que les robaron su dinero.

Si ellos llegan a conciliación, ya en el área penal ellos quedan sobreseídos. Uno siente que estos casos son más bien un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Deben ser castigados.

Bendeck ofrece dinero y bienes raíces, pero los Abogados que van a investigar deben averiguar y constatar si los bienes tienen el valor que dicen los interesados que tienen.

Mire en el caso de Capital, el Abogado y ahora Magistrado Nicolás García Sorto dijo que los López daban de garantía 2 pisos de unos edificios que no estaban ni siquiera construidos, eso era una monstruosidad y eso da coraje. El señor Bendeck vino la semana pasada, lo recibieron en la Sala de Audiencias, el quería ser recibido en el Despacho de la Procuradora, ella se opuso y planteo que nadie tendría un trato especial. Yo la verdad que no estuve en la reunión porque era con los Abogados que debía entenderse, pero mi sorpresa fue encontrarme con Antonio Ortez Turcios, y usted sabe que donde anda este señor andan los intereses de Rosenthal. Oí que lo saludaron y le preguntaron ¿Qué anda haciendo Usted aquí? Y el contestó, ‘ando acompañando a Victorcito’, así le llaman ellos”.

Sobre el mismo tema, una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia fue consultada. La respuesta:

“Se quiere llegar a una negociación para que las personas paguen, eso es lo que tengo entendido, pero no que queden libres porque para mí, eso no los debe absolver de su responsabilidad penal, no se puede suspender el delito, porque sería como validar que la estafa- que la hubo contra el Estado ahora ya no es delito”.

¿Pero al parecer en ese sentido fue la reforma y salió de la Corte, incluso se afirma que la sala de lo

penal estuvo de acuerdo? Le preguntamos de nuevo

“¿Está segura? ¿ la Sala de lo Penal? La verdad me sorprende porque no tenía conocimiento de ello.

Si es así… el Estado incurre incluso en responsabilidad si los exonera, es que eso no se puede dar.

Nosotros conocimos el caso de los Chaín por un procedimiento que interpusieron y nosotros votamos porque ellos deberían ser enjuiciados, nosotros no le dimos carta de libertad a los Chaín porque el delito es penable. Yo entiendo que se pueden ofrecer arreglos satisfactorios, pero sin suspender las penas accesorias, por ejemplo, aunque éstas últimas pueden darse por discrecionalidad del Juez. Las penas accesorias son aquéllas en que se admite que se cometió tal delito, y se va a resarcir al Estado, pero ello no lo exonera de que quede inhabilitado para esto o lo otro, o incluso no lo exonera de que vaya a la cárcel”.

La Institucionalidad del Estado y la Corrupción

El presente escrito contiene un cuadro que deja en evidencia que los casos de corrupción por los que el Ministerio Público ha incoado procesos y aquellos más denunciados por los medios de comunicación se han dado tanto en períodos de gobierno del Partido Nacional como del Partido Nacional, la diferencia radica en que en los gobiernos nacionalistas el imputado es el Ex presidente Callejas, y en los gobiernos liberales son funcionarios ya sea del Poder Ejecutivo como de otras instituciones del Estado sobre quienes recaen las denuncias. La segunda parte del capítulo se construye de los resultados obtenidos de las entrevistas que se realizaron a funcionarios y Ex funcionarios del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría General de la República, del 7 Incluye casos que obtuvieron una cobertura inferior 15 publicaciones en los cuatro medios de comunicación.

Tribunal Superior de Cuentas, a Diputados y Ex Diputados del Congreso Nacional, del Consejo Nacional Anticorrupción y a periodistas que se desempeñan como directores de medios de comunicación y directores de programas de noticias.

Las preguntas se orientaron a desentrañar las causas de la falta de resultados, el estado actual del desempeño y el compromiso de las instituciones para lograr resultados en cuanto a la lucha contra la corrupción y ver los escenarios futuros.

Hay en los acápites siguientes una elaboración y construcción de planteamientos, surgidos de las respuestas que dieron los entrevistados. Y las citas textuales aparecerán sin identificar a la persona que realizó el planteamiento.

En este capítulo se identifican los casos de corrupción, tanto aquellos en donde el Ministerio Público ha incoado procesos, como aquellos casos que se han ventilado en los medios de comunicación y que están en proceso de investigación, pero que todavía no hay un requerimiento fiscal. Por otro lado, también se presentan las instituciones del Estado que tienen la responsabilidad de asumir investigar y sancionar en estos casos.

Supuestos Casos de Corrupción y Gobiernos en los que se Ejecutaron

Caso de Corrupción                      Gobierno                                          Presidente

Caso VI Juegos                                                  Partido Liberal                                                   Carlos Roberto Reina1

Ciudad Mateo                                                      Partido Nacional                                               Rafael Callejas2

Brazos de Honduras                                        Partido Nacional                                               Rafael Callejas

Caso la Familia                                                   Partido Nacional                                               Rafael Callejas

Caso Comunitas                                                Partido Nacional                                               Rafael Callejas

Caso Petrolazo                                                  Partido Nacional                                               Rafael Callejas

Caso Pasaportazo                                            Partido Nacional                                               Rafael Callejas

Caso Interairports                                            Partido Liberal                                                   Carlos Flores

Caso CONATEL                                                  Partido Liberal                                                   Carlos Flores

Caso Banco Corporativo3                              Partido Liberal                                                   Carlos Flores

Caso Bancreser                                                   Partido Liberal                                                   Carlos Flores

Denuncias a la ENEE4                                      Partido Liberal                                                   Carlos Flores

Caso gazolinazo5                                              Partido Nacional                                               Ricardo Maduro

Caso Migración                                                  Partido Nacional                                               Ricardo Maduro

Caso INA                                                              Partido Nacional                                               Ricardo Maduro

Caso Banco Capital6                                        Partido Nacional                                               Ricardo Maduro

Caso Secretaría de Salud7                            Partido liberal                                                    Manuel Zelaya

Caso Jet                                                               Partido Liberal                                                   Manuel Zelaya

1 La Contraloría General de la República le sancionó con una multa por este caso.

2 El Ex presidente era el principal imputado. Ha sido sobreseído en todos los casos.

3 Tanto en BANCORP con en BANCRESER se decretó en este gobierno la liquidación forzosa.

4 Denuncias en la prensa por los contratos para la compra de energía térmica y contratos para la medición del consumo de

energía otorgada a SEMEH.

5 El gasolinaza y el caso de Migración los leva la Fiscalía del Crimen Organizado.

6 En este gobierno se declaró la liquidación forzosa.

7 Los Diputados Liberales no aceptaron una moción de la oposición de investigar al Ex Ministro de Salud.